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Dos oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron cesanteados y exonerados por faltas gravísimas, incluyendo una condena judicial, ratificando la política de mano dura del gobierno en las fuerzas de seguridad.
La seguridad aeroportuaria vuelve a ser noticia, pero esta vez por la implacable aplicación de la disciplina interna. El Boletín Oficial de hoy publica dos decretos presidenciales que confirman la baja y exoneración de dos oficiales de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA), tras rechazar sus últimos recursos administrativos. Un mensaje claro: en las fuerzas, las faltas graves tienen consecuencias definitivas.
El ex Oficial Ayudante César Ramón Amarilla (D.N.I. Nº 22.323.017) fue cesanteado por una "falta muy grave" que implicó una infracción a los deberes establecidos en su actuación policial. A pesar de los esfuerzos de su defensa, que interpuso recurso de reconsideración y apelación, el Presidente y el MINISTERIO DE SEGURIDAD, a cargo de Patricia Bullrich, ratificaron la decisión del Tribunal de Disciplina Policial de la PSA. La Administración consideró que los argumentos de la defensa "no logran conmover la decisión adoptada", manteniendo "incólume la motivación del reproche".
Pero el caso más impactante es el del ex Oficial Principal Jorge Alfredo Molina (D.N.I. N° 24.460.434). Su exoneración se fundamenta en una condena judicial de TRES (3) años de prisión en forma de ejecución condicional dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de CÓRDOBA. Aquí, la falta disciplinaria muy grave no solo es un incumplimiento de deberes, sino una afectación directa a la "ética y la imagen pública y/o el prestigio de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA". La Defensora del Policía intentó revertir la situación, pero el recurso de apelación fue desestimado, agotando la vía administrativa.
Estos decretos subrayan la política de tolerancia cero ante conductas que comprometen la integridad y el buen nombre de las fuerzas de seguridad. Para los ciudadanos, es una señal de que se busca depurar los cuadros policiales y mantener la confianza en las instituciones. Para los agentes, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias severas y que el margen para la reversión de sanciones disciplinarias graves es mínimo, especialmente cuando hay condenas judiciales de por medio. La vía judicial queda abierta por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, pero el camino se presenta cuesta arriba. Para estar informado, se recomienda seguir los comunicados del Ministerio de Seguridad y las noticias judiciales.
