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La Dirección Nacional de Migraciones vuelve a ser noticia por una serie de resoluciones que prorrogan designaciones transitorias y, en un caso, limitan una. ¿Es la ineficiencia o una estrategia de ajuste? El Boletín Oficial destapa la interna.
El Gobierno, a través de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, ha sacudido el avispero en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) con una batería de resoluciones que extienden mandatos temporales y, en un caso, ponen fin a uno. Un verdadero tira y afloja en la administración pública que deja más preguntas que certezas sobre la estabilidad laboral y la eficiencia del Estado.
Las Resoluciones 386/2025, 388/2025 y 389/2025, todas del 11 de septiembre de 2025, prorrogan las designaciones transitorias de varios agentes en la planta permanente de la DNM. Algunas de estas extensiones, como se detalla en la 386/2025 y la 388/2025, incluso se hacen con "autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos" del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Esto, amigos, es un guiño a la flexibilidad, o quizás, a la falta de candidatos idóneos que cumplan a rajatabla con la burocracia. Los plazos varían: la mayoría por 180 días, pero algunos, como Carlos Joaquín Tornabe (DNI 33.097.786) y María Belén Salas (DNI 32.289.542), solo hasta el 31 de marzo de 2025.
Pero la verdadera bomba la trae la Resolución 391/2025, que limita la prórroga de Ronald Adrián Burig (DNI 32.180.101) a partir del 1° de agosto de 2025. La justificación es lapidaria: el personal transitorio "no goza de estabilidad" y no puede adquirirla sin un proceso de selección y un período de prueba. Una cita de la Procuración del Tesoro de la Nación lo deja claro: > "Una interpretación en sentido contrario vulnera los derechos constitucionales de idoneidad e igualdad en el acceso al empleo público y de estabilidad de los empleados públicos."
¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Que la DNM sigue operando con personal en situación precaria, lo que podría afectar la continuidad de los servicios migratorios. Para los empleados, es una señal de que la motosierra también pasa por la estabilidad laboral, y que el Estado busca racionalizar su planta, aunque sea a costa de la sensación de incertidumbre. Es crucial que estos cargos se cubran por concurso en los plazos estipulados para garantizar la transparencia y la idoneidad.
