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La Subsecretaría de Asuntos Presidenciales vuelve a prorrogar la designación "transitoria" de Liliana Clement como Directora. Lo polémico: se le autoriza un jugoso suplemento de Función Ejecutiva a pesar de *no cumplir los requisitos mínimos* para el cargo. ¿Hasta cuándo lo "transitorio" es permanente?
En un movimiento que genera ruido en los pasillos de la Casa Rosada, la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales ha vuelto a prorrogar la designación de la Dra. Liliana Haydée CLEMENT (D.N.I. N° 17.331.933) como Directora de Evaluación de la Documentación por otros 180 días hábiles. Lo que levanta polvareda es que, una vez más, se le autoriza el cobro del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II, ¡a pesar de que ella no reúne los requisitos mínimos para el cargo, según el propio Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP!
Esta no es la primera vez que la designación de la Dra. Clement es prorrogada. Originalmente designada en marzo de 2024, su puesto ha sido extendido repetidamente bajo el argumento de "razones operativas" y la excusa de que "no se efectuó la correspondiente convocatoria al proceso de selección". Mientras el Gobierno pregona la desregulación y la transformación del Estado, estas prácticas de designaciones a dedo y prórrogas eternas con excepciones a la normativa vigente generan un fuerte contraste.
Para el ciudadano de a pie, esto significa que el Estado, con fondos públicos, está pagando un sueldo con un jugoso extra por "Función Ejecutiva" a una persona que, según sus propias reglas, no debería percibirlo. ¿Dónde queda la meritocracia? ¿Qué mensaje se envía al personal de carrera que sí cumple con todos los requisitos?
La Disposición 8/2025 de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, firmada por Darío Alberto Lucas, deja una puerta abierta: el cargo deberá ser cubierto mediante concurso en el término de los 180 días hábiles de la prórroga. Sin embargo, la historia reciente de este tipo de designaciones "transitorias" nos hace pensar: ¿se concretará esta vez o será otra prórroga más? Este episodio es un recordatorio de la necesidad de una profunda reforma en la gestión de personal del Estado para garantizar la transparencia y la eficiencia.
