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En un movimiento que genera polémica, el Ministerio de Seguridad bonaerense autoriza una Contratación Directa por más de 120 millones de pesos para módulos de oficina. La medida, que podría duplicar su costo, levanta sospechas sobre la transparencia y el uso de fondos públicos en medio de la crisis.
El Boletín Oficial bonaerense acaba de revelar una explosiva decisión del Ministerio de Seguridad: la autorización para la Contratación Directa N° 9/26, destinada a la adquisición de módulos portátiles para oficinas. La suma inicial es de $120.032.000,00, un monto que ya de por sí es considerable, pero la letra chica es lo que enciende las alarmas: el artículo 5° permite aumentar la provisión hasta en un cien por ciento (100%), lo que podría llevar el gasto total a más de 240 millones de pesos.
La medida se encuadra en el artículo 18, inciso 1 de la Ley N° 13.981, que habilita este tipo de procesos. Sin embargo, la celeridad es notoria: se establece un plazo de entrega de solo cuarenta (40) días corridos una vez formalizado el contrato. Esto sugiere una necesidad imperiosa, pero ¿justifica eludir una licitación pública más amplia y transparente para una compra de esta magnitud?
La Dirección Provincial de Arquitectura Policial es la unidad que propicia esta adquisición, y será la encargada de verificar el cumplimiento del contrato. La Comisión de Preadjudicación estará integrada por Norma A. BONADEO (DNI 32.666.648), Carolina DOMANTE (DNI 28.675.785), Natalia L. GABRIELLONI (DNI 24.040.941), Gerardo Sebastián ERMILI (DNI 28.052.578) y Valeria Yanina FOSSAROLI (DNI 28.768.409).
Para los ciudadanos, la preocupación radica en el uso eficiente y transparente de los recursos. ¿Es la compra de oficinas portátiles una prioridad tan urgente que justifique este mecanismo? La posibilidad de duplicar el gasto inicial sin una nueva instancia de competencia es un punto que sin duda generará cuestionamientos.
"La facultad de aumentar el contrato en un 100% es una puerta abierta a la discrecionalidad y a la falta de previsibilidad en el gasto público", advierten analistas del sector.
Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos y presentar sus ofertas a través del portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar, pero la naturaleza directa de la contratación limita la competencia a un grupo selecto de proveedores que sigan de cerca este tipo de llamados.
Este decreto pone nuevamente en el centro del debate la modalidad de las compras estatales y la necesidad de una fiscalización rigurosa para asegurar que cada peso invertido se destine al bienestar general con la máxima eficiencia y transparencia.
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