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El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no tuvo piedad y aplicó multas y amonestaciones a intendentes y funcionarios de Colón, General Alvarado y La Plata por irregularidades en la rendición de cuentas. ¡La lupa fiscalizadora está más activa que nunca!
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) se despachó con una serie de fallos que sacuden los cimientos de la gestión municipal. En un claro mensaje de tolerancia cero a las irregularidades, intendentes y funcionarios de Colón, General Alvarado y La Plata fueron blanco de sanciones que van desde amonestaciones hasta multas millonarias.
En la Municipalidad de Colón, el Intendente Waldemar Audilio Giordano recibió una amonestación por el ejercicio 2024. Pero la cosa no termina ahí: el HTC mantuvo en suspenso el pronunciamiento sobre otros temas, dejando a Giordano y a su equipo (Silvana Patricia Desimone, Bruno Mariano Piccini, Nadia Sequeiro) bajo la sombra de la responsabilidad hasta nuevo aviso. Un respiro a medias para el jefe comunal, que no está exento de futuras complicaciones. En contraste, el ex Intendente Ricardo Miguel Casi y otros funcionarios fueron liberados de responsabilidad en otros expedientes.
El caso más resonante llega desde la Municipalidad de General Alvarado. El Intendente Leandro Sebastián Ianantuony fue castigado con una multa de $1.400.000, mientras que su Secretario de Economía, Pablo Omar Ramajo, deberá pagar $1.200.000. Otros funcionarios como Daniel Dos Reis Rosa ($900.000), Mariano Oscar García ($800.000) y Sofía Pusterla ($600.000) también engrosan la lista de multados, sumando casi cinco millones de pesos en sanciones pecuniarias. Además, varios secretarios y responsables de unidades ejecutoras recibieron amonestaciones, evidenciando un patrón de incumplimientos. Tienen 90 días para depositar los montos en la cuenta fiscal del Tribunal.
Finalmente, en el Ente Municipal de La Plata, el HTC ratificó multas de $80.000 cada una para el Gerente General Antonio José Sánchez, la Gerente de Contabilidad Patricia Rita Badi y la Tesorera María Soledad Bruno. Estos funcionarios habían apelado, pero el Tribunal fue inflexible, confirmando las sanciones por el ejercicio 2022.
Estos fallos del Tribunal de Cuentas no son solo números en un boletín. Son un llamado de atención contundente a la transparencia y la buena administración de los recursos públicos. Para los ciudadanos, significa que existe un organismo que vela por el correcto uso del dinero de todos, aunque la lentitud de los procesos a veces genere frustración. La fiscalización es clave para la confianza institucional y para garantizar que los fondos se destinen a lo que realmente importa. Los funcionarios, ahora más que nunca, saben que la lupa está sobre ellos.
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