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La Autoridad Regulatoria Nuclear hace la vista gorda con deudas de la CNEA y profesionales de la salud, otorgando licencias esenciales bajo la polémica figura de 'excepción' y 'interés público'.
¡ESCÁNDALO NUCLEAR: ARN HACE LA VISTA GORDA CON DEUDAS POR 'INTERÉS PÚBLICO'!
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha desatado una ola de controversia al otorgar licencias y permisos fundamentales para la actividad nuclear en Argentina, a pesar de que los solicitantes arrastran deudas en concepto de tasas regulatorias. En un giro que levanta cejas, la ARN invocó el 'interés público' para pasar por alto el requisito de pago anticipado, establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804.
El caso más resonante involucra a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA). Las Resoluciones 33/2025 y 40/2025 le otorgan autorizaciones a su personal y renuevan la licencia para la crítica 'PLANTA DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES DE INVESTIGACIÓN (ECRI)', vital para la producción de radioisótopos y el proyecto RA-10, todo esto a pesar de deudas pendientes. La ARN justificó estas decisiones por la importancia estratégica de la CNEA para el país.
Pero no solo la CNEA se beneficia. Las Resoluciones 32/2025 y 38/2025 autorizan a las bioquímicas Carolina POCH y Patricia Susana SILVA PAULO, respectivamente, a continuar con sus permisos individuales para radiofarmacia. Ambas profesionales, que trabajan en el CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR del HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, también tenían deudas regulatorias. La ARN argumentó que interrumpir sus servicios afectaría el suministro de radiofármacos a pacientes, un claro caso de interés público en la salud.
En todos estos casos, la ARN ha instruido que los pagos se realicen con posterioridad al otorgamiento de las licencias, aplicando los intereses punitorios. Si bien se busca garantizar la continuidad de servicios esenciales y proyectos estratégicos, la medida genera un fuerte debate sobre la flexibilidad regulatoria y si esta sienta un precedente que podría ser explotado. Para los ciudadanos, esto asegura que servicios médicos y proyectos nucleares no se detengan, pero plantea la pregunta: ¿hasta dónde se estirará el concepto de 'interés público' para justificar el incumplimiento de obligaciones fiscales? La ARN deberá ser transparente sobre cómo se manejarán estos casos en el futuro.
