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La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) autorizó licencias cruciales para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la operación de un laboratorio clave, a pesar de que la entidad estatal mantiene deudas por tasas regulatorias. ¿Interés público o privilegio?
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha vuelto a encender la polémica al otorgar y renovar licencias y autorizaciones vitales a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a pesar de que la entidad estatal adeuda el pago de tasas regulatorias, un requisito sine qua non para cualquier otro licenciatario. Las resoluciones 307/2025, 313/2025 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial, revelan una controvertida decisión que pone el "interés público" por encima de la normativa fiscal.
En todos estos casos, la ARN explícitamente reconoce que la CNEA adeuda el pago de la tasa regulatoria prevista en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804. Sin embargo, amparándose en "razones de interés público" y resoluciones previas (N° 452/19), se autoriza a la CNEA a pagar "con posterioridad", eso sí, aplicando los intereses punitorios correspondientes.
Mientras cualquier otra empresa o particular que opere con material radiactivo debería estar al día con sus pagos para obtener o renovar licencias, la CNEA recibe un trato especial. Esto genera un doble estándar que podría interpretarse como un privilegio para el ente estatal. La justificación de "interés público" para mantener operativas estas instalaciones y personal es comprensible, dado que se trata de la seguridad nuclear y la investigación crítica. Sin embargo, la pregunta que queda flotando es: ¿por qué la CNEA llega a esta situación de deuda y por qué no se exige el pago previo como al resto?
Este tipo de decisiones, aunque aseguran la continuidad de operaciones nucleares esenciales para el país, también socavan la autoridad regulatoria y la equidad en el cumplimiento de las normativas. Para el ciudadano común, significa que una entidad estatal opera con condiciones financieras laxas que no se aplicarían a un privado, pudiendo generar suspicacias sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos. La ARN, al mismo tiempo que vela por la seguridad, debe mantener la credibilidad de sus procesos. La CNEA, por su parte, sigue operando, pero con la sombra de una deuda que se acumula y que, a la larga, siempre pagamos todos.
Es fundamental seguir de cerca los informes de la ARN y los estados financieros de la CNEA, que suelen publicarse en sus sitios web oficiales. Cualquier cambio en la política de cobro o en la situación de deuda será crucial para entender el rumbo de la actividad nuclear en Argentina.
