¡ESCÁNDALO NUCLEAR! ¿DEUDA PERDONADA POR "INTERÉS PÚBLICO"?

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) acaba de sacar a la luz dos resoluciones que, si bien parecen rutinarias, esconden una bomba de tiempo en el corazón de la regulación nuclear argentina. La Resolución 233/2025 otorga y renueva Autorizaciones Específicas para personal que opera en Instalaciones Clase I, las de mayor riesgo radiológico. Los beneficiarios, cuyas identidades se ocultan en anexos no publicados, han cumplido con todos los requisitos y, fundamentalmente, no registran deudas con el organismo.

Pero el verdadero plato fuerte es la Resolución 234/2025. Aquí, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), pilar estatal del desarrollo nuclear, también solicitó licencias para su personal. ¡Y aquí viene el giro dramático! La CNEA registra una deuda por la tasa regulatoria, un requisito sine qua non según el Artículo 26 de la Ley N° 24.804. Lo normal sería rechazar el trámite hasta saldar la deuda, pero la ARN, invocando "razones de interés público" y una resolución anterior (N° 452/19), decidió dar luz verde. Eso sí, con la promesa de que el pago se efectúe posteriormente y aplicando intereses punitorios.

¿Doble Vara en el Control Nuclear?

Esta decisión genera una doble vara innegable. Mientras otras entidades deben estar al día para operar, el organismo estatal obtiene un salvoconducto. Si bien la medida asegura la continuidad de operaciones críticas de la CNEA (lo cual es vital para la energía y la investigación del país), también abre un debate sobre la transparencia y la igualdad ante la ley. ¿Es el "interés público" una excusa suficiente para flexibilizar las normas financieras para un actor estatal, o se trata de una medida pragmática para evitar una parálisis en un sector estratégico?

La Ley N° 24.804 es clara: toda actividad nuclear requiere licencia y el pago de una tasa. La ARN, como guardiana de la seguridad nuclear, tiene la facultad de otorgar o revocar licencias. La CNEA, al ser una entidad clave, se beneficia de esta "excepción" que, aunque incluye intereses punitorios, no deja de ser una flexibilización de la norma para un actor específico. Para el ciudadano común, esto muestra cómo el Estado gestiona sus propias deudas y prioridades, priorizando la operatividad (y la seguridad, claro) por encima del estricto cumplimiento fiscal.