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La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) otorgó la 'Licencia de Puesta en Marcha' al Centro Argentino de Protonterapia (CeArP) de la CNEA, a pesar de que la Comisión Nacional de Energía Atómica arrastra una jugosa deuda por tasas regulatorias. ¿Se prioriza la salud pública o se sienta un peligroso precedente regulatorio?
Una medida que generó revuelo en los pasillos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN): el organismo decidió conceder la crucial Licencia de Puesta en Marcha a la “INSTALACIÓN CLASE I DEL CENTRO ARGENTINO DE PROTONTERAPIA - (CeArP)”, una iniciativa de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA). Lo más llamativo es que esta aprobación se dio en carácter de excepción a la Ley N° 24.804, ya que la CNEA registra una deuda considerable en concepto de tasa regulatoria.
La CNEA, en un movimiento estratégico, solicitó a la ARN considerar la prosecución del trámite de la licencia, alegando que el CeArP es el primer centro de protonterapia de Latinoamérica, una tecnología de punta para el tratamiento del cáncer. Argumentaron que cualquier demora generaría un “grave perjuicio en relación con la salud pública”. La ARN, atenta a esta justificación y al “interés público” de las actividades, dio luz verde, postergando el pago de la tasa regulatoria para después de la emisión de la Licencia de Operación.
"Se justifica el pedido de excepción a los fines de obtener, con la mayor antelación posible, la Licencia de Puesta en Marcha, ya que las demoras en las etapas previas a la operación de la Instalación generan un grave perjuicio en relación con la salud pública, dada la naturaleza de las actividades que se desarrollarán en ella."
Esta decisión plantea un debate: ¿hasta qué punto el “interés público” puede sortear las regulaciones vigentes y sentar un precedente para futuras excepciones? Si bien la puesta en marcha de un centro de esta magnitud es una excelente noticia para los pacientes oncológicos, la flexibilidad regulatoria, cuando hay deudas de por medio, siempre genera suspicacias.
Los ciudadanos comunes deben seguir de cerca cómo se gestionan estas excepciones y si el pago adeudado finalmente se concreta. La transparencia es clave cuando se trata de fondos públicos y regulaciones tan sensibles.
