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El Instituto de Previsión Social bonaerense destapa un entramado de deudas millonarias por servicios prestados bajo figuras precarias como becarios, residentes y prácticas rentadas. ¿Quién paga la cuenta de años de precarización laboral en el Estado?
El Boletín Oficial bonaerense revela una serie de resoluciones del Instituto de Previsión Social (IPS) que ponen en evidencia una problemática recurrente: el reconocimiento tardío de servicios prestados bajo modalidades laborales precarias en el ámbito público provincial. Los casos de Rosana Judith Medina, Ángeles Luján Martínez y Elizabeth Sofía Montero Labat son paradigmáticos.
Rosana Judith Medina, quien se desempeñó como Práctica Rentada en el IOMA entre 1996 y 1999, ahora ve reconocidos sus servicios, pero con una deuda astronómica de $731.354,45 en aportes personales y $626.875,24 en contribuciones patronales. ¡Un monto que asciende a más de 1.3 millones de pesos por apenas tres años de trabajo! La resolución le permite cancelar la deuda en 6 cuotas, un alivio a medias para una situación generada por años de informalidad.
Similar es el caso de Ángeles Luján Martínez, becaria de guardia en el Ministerio de Salud entre 2006 y 2009. Sus servicios insalubres también son reconocidos, pero el IPS le intima a pagar $1.418.508,24 en aportes personales y $1.063.881,18 en contribuciones patronales. Una deuda de más de 2.4 millones de pesos que debe ser regularizada para acceder a su beneficio jubilatorio, ¡con intereses de financiación incluidos!
Pero la cifra más impactante la protagoniza Elizabeth Sofía Montero Labat, quien trabajó como Médico Residente y Becaria en hospitales de Quilmes y La Plata entre 1998 y 2009. Sus servicios insalubres, que implicaron un agotamiento prematuro, le generan una deuda total que roza los $14 millones en aportes personales y más de $10 millones en contribuciones patronales. Un total que supera los $24 millones, que Montero Labat podrá saldar en 13 cuotas.
Estos casos, lejos de ser aislados, reflejan la deuda histórica del Estado con miles de profesionales y trabajadores que, por años, fueron empleados bajo figuras que no garantizaban sus derechos previsionales. El reconocimiento llega, pero la factura la pagan, en gran parte, los propios trabajadores, quienes deben afrontar sumas millonarias para regularizar su situación. Esto plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones y el costo de la precarización laboral para el futuro de las jubilaciones en la provincia.
