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Una serie de resoluciones del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires destapa un sistema de 'prácticas rentadas' y 'becas' que, por décadas, ocultó relaciones de dependencia. Ahora, el Estado exige aportes millonarios, pero también reconoce derechos jubilatorios fundamentales a profesionales de la salud y otros sectores.
En un giro que sacude los cimientos del sistema previsional bonaerense, el Instituto de Previsión Social (IPS) ha emitido una serie de resoluciones que reconocen años de servicio bajo modalidades precarias como 'prácticas rentadas', 'becarios de guardia' y 'residentes' en el ámbito de la salud y otros organismos estatales. La medida, que sigue fallos judiciales clave, destapa una situación de informalidad laboral de larga data y genera deudas multimillonarias en concepto de aportes y contribuciones impagos.
Profesionales como Rosana Judith Medina (IOMA, practicante rentada entre 1996 y 1999), Angeles Luján Martínez (Ministerio de Salud, becaria de guardia 2006-2009), Elizabeth Sofia Montero Labat (Hospitales de Quilmes y La Plata, residente y becaria entre 1998 y 2009) y Marcia Analía Hope (Hospital San Martín, becaria 2006-2009) son las protagonistas de estas decisiones. Sus casos son emblemáticos: el IPS reconoce que, a pesar de no figurar como empleo público, existió una relación de dependencia y, en muchos casos, que las tareas eran de carácter insalubre, lo que implica un régimen jubilatorio diferencial.
"La vinculación existente entre el becario y el Estado Provincial, no configura relación de empleo público... no resulta aplicable el Régimen para Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires..." - Decreto N° 5725/89, citado en las resoluciones.
Sin embargo, la jurisprudencia, como las causas “Fernandez Trillo, Luz María” y “Pisano, Juan José”, ha obligado al IPS a reconocer la realidad laboral detrás de estas figuras. El impacto es doble: por un lado, los beneficiarios ven reconocidos sus años de trabajo para su futura jubilación; por otro, se les liquida un cargo deudor por los aportes personales no realizados. Las cifras son impactantes:
Los montos de contribuciones patronales, que superan los $15 millones en total para estos casos, son responsabilidad del empleador, es decir, del propio Estado provincial o sus organismos descentralizados. Esto plantea una pregunta crucial: ¿quién pagará esta factura millonaria por años de empleo precario?
Para los trabajadores, la posibilidad de financiar la deuda en cuotas (Medina en 6, Montero Labat en 13) alivia la carga, pero la intimación a proponer un plan de pago en 10 días (Martínez, Hope) o enfrentar acciones legales es una espada de Damocles. Esta situación abre la puerta a que miles de ex-becarios y practicantes puedan reclamar el reconocimiento de sus servicios, generando un terremoto financiero en el sistema previsional bonaerense. ¡Un precedente explosivo que podría cambiar el panorama laboral y jubilatorio de la provincia!
