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El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas da marcha atrás en el reconocimiento de tierras a comunidades Mapuche en Neuquén, generando un terremoto legal y social. ¿Quién se queda con la tierra: la empresa minera, los herederos o los pueblos originarios?
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha encendido la mecha de una nueva controversia al revocar resoluciones clave que reconocían la ocupación tradicional de tierras a dos comunidades Mapuche en Neuquén. Estas decisiones, publicadas en el Boletín Oficial, no solo generan incertidumbre jurídica, sino que reavivan el histórico conflicto entre derechos de pueblos originarios y la propiedad privada o la explotación económica.
En un giro inesperado, la Resolución 139/2025 del INAI deja sin efecto el reconocimiento de ocupación de la COMUNIDAD “AGRUPACION MAPUCHE QUINCHAO” sobre parcelas en Zapala, Neuquén. ¿El motivo? La superposición de estas tierras con la Cantera Salitral Cerro Bayo, propiedad de Loma Negra C.I.A.S.A. La empresa, un peso pesado de la minería, había alegado nulidad de la resolución original (N°85/2023), argumentando que su actividad lícita en la zona data de 1971 y cuenta con permisos oficiales ininterrumpidos. El INAI, en su revisión, consideró que la información provincial no fue debidamente evaluada en el relevamiento inicial, lo que generó un perjuicio a la cementera.
La Resolución 140/2025 sigue la misma línea, revocando el reconocimiento a la Agrupación Mapuche Rams en el Paraje Media Luna y Hiahuin Colo, Catán Lil, también en Neuquén. En este caso, la controversia surge por la superposición con propiedades registradas a nombre de los herederos del Sr. BRUNO ALBERT MARIUS CARTIER-MILLON. La revocación se fundamenta en que el procedimiento original (Resolución N°470/2018) "no cumplió con las exigencias que se encontraban predispuestas", y se acreditó un perjuicio a los peticionantes. Esto abre la puerta a cuestionamientos sobre la rigurosidad de los relevamientos territoriales previos.
"El Estado, como garante de las decisiones que adopta, debe proteger los intereses que pudieran verse afectados", señala el INAI, justificando la revisión de su propio accionar.
Estas decisiones marcan un cambio de rumbo en la política de reconocimiento territorial indígena. Mientras el INAI busca "armonizar la aplicación e interpretación armónica de postulados consagrados en nuestra Carta Magna", la realidad es que estas revocaciones son un duro golpe para las comunidades Mapuche, que ven desdibujados derechos largamente buscados. Para las empresas y propietarios privados, podría significar una mayor seguridad jurídica sobre sus activos, pero a costa de un aumento en la conflictividad social. La Ley 26.160, que suspende los desalojos y ordena el relevamiento de tierras indígenas, sigue vigente, pero estas resoluciones sugieren una interpretación más restrictiva de sus alcances. Estaremos atentos a las reacciones de las comunidades y a posibles nuevas impugnaciones judiciales.
