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La Dirección Nacional de Vialidad sanciona a la ex concesionaria del Corredor N°18 con una multa equivalente a 60.000 unidades de penalización por el deplorable estado de la Ruta Nacional N°14, con al menos diez baches que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios. La empresa, en concurso preventivo, no subsanó las deficiencias antes del fin de su contrato.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha dictado una resolución que sacude el ámbito de las concesiones viales, imponiendo una abultada multa a Caminos del Río Uruguay S.A., ex concesionaria del Corredor Vial N°18. La sanción, equivalente a 60.000 unidades de penalización, se debe a la constatación de diez baches de gran tamaño en la Ruta Nacional N°14, específicamente en la zona de la Estación de Peaje Colonia Elía (km 100.74), afectando carriles de ingreso y egreso a las cabinas de cobro.
El expediente revela que la empresa fue imputada por incumplir el Artículo 3 del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión, aprobado por el Decreto N° 1.019/1996, que exige condiciones óptimas para la calzada de rodamiento. La situación de la concesionaria ya era delicada: en marzo de 2023 se declaró la apertura de su concurso preventivo, y tras varias prórrogas y resoluciones judiciales, la concesión finalizó el 9 de abril de 2025. Lo más grave es que, a esa fecha de extinción, las deficiencias no habían sido subsanadas, y la empresa no presentó descargo alguno ante la imputación.
La DNV enfatizó que estos baches no solo representaban un incumplimiento contractual, sino un peligro real para la seguridad vial, disminuyendo sensiblemente las condiciones de estética, seguridad y confort para los usuarios. La multa se calculó a razón de 4.000 unidades de penalización por bache, más 1.000 unidades por bache y por día de demora en subsanar las deficiencias. Además, se advierte que se prevé un cargo adicional a la multa, que se incluirá en la liquidación final. Este caso resalta la importancia de la supervisión estatal en las obras públicas, especialmente cuando la seguridad de los ciudadanos está en juego. Los usuarios de la Ruta 14, que pagaron peaje durante años, se ven afectados por la falta de mantenimiento y ahora el Estado debe asegurar que la infraestructura esté en condiciones.
