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La Dirección Nacional de Vialidad castiga con pesadas multas a Caminos del Río Uruguay S.A. por el abandono de la Ruta Nacional 14. Señalización fantasma, pastizales que ocultan peligros y un estado de calzada inaceptable son el triste legado de una concesión en picada.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha dictado multas millonarias contra Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA) por el abandono de sus obligaciones en el Corredor Vial N° 18, que incluye tramos de la Ruta Nacional N° 14. ¡Un escándalo que pone en jaque la seguridad de miles de conductores y expone la fragilidad de las concesiones viales!
La DNV, a través de tres resoluciones, expuso la grave desidia de la concesionaria. CRUSA, ya en concurso preventivo desde marzo de 2023 y cuya concesión finalizó el 9 de abril de 2025, acumuló infracciones que impactan directamente en el usuario.
La Resolución 184/2026 sanciona a CRUSA por la desaparición o deterioro de 164 kilómetros de señalización horizontal en la Ruta 14, un riesgo inminente. La multa asciende a 83.148 Unidades de Penalización (UP).
La Resolución 214/2026 revela que la empresa dejó 698 hectáreas de pastos y malezas sin cortar en la misma ruta, en Corrientes. Esta falta de mantenimiento reduce la visibilidad y eleva el riesgo de accidentes. Aunque no hubo multa directa por un tecnicismo, se advierte un "cargo adicional" en la liquidación final.
Finalmente, la Resolución 221/2026 castiga a CRUSA por mantener dos tramos de la calzada de la RN 14 con un Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) por debajo de lo exigido. Esto significa baches y deterioros graves, comprometiendo seguridad y confort. La multa por esta infracción es de 276.000 UP.
¿Qué significa esto para vos? Si circulás por la Ruta 14, la situación es preocupante. La deficiencia en señalización, la vegetación alta y el mal estado del asfalto son factores de riesgo directos. Las multas, que suman un total de 359.148 UP (millones de pesos), buscan castigar estos incumplimientos. Sin embargo, la efectividad del cobro es una incógnita dada la situación de quiebra de la empresa. Este caso subraya la importancia del control estatal para garantizar la seguridad de los usuarios.
7 de noviembre de 2025
16 de enero de 2026
10 de diciembre de 2025
