¡Escándalo Vial! Multas Millonarias a Concesionaria por Rutas Destrozadas

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sacudió el tablero de las concesiones viales al aplicar multas millonarias a Caminos del Río Uruguay S.A., la empresa a cargo del Corredor Vial N° 18. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, detallan una serie de incumplimientos graves en el mantenimiento de tramos cruciales de las Rutas Nacionales N° 12, N° 14 y A015, poniendo en evidencia la desidia y el riesgo para los automovilistas.

Un tendal de deficiencias y excusas rechazadas

Las actas de constatación revelan un panorama desolador: ahuellamientos característicos mayores a 12 mm en la Ruta N° 12 (Resolución 275/2025), banquinas de suelo sin mantenimiento, descalces y deformaciones en la Ruta N° 14 (Resolución 276/2025), y niveles de Índice de Estado (IE) e Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) muy por debajo de lo exigido contractualmente en la Ruta A015 y otros tramos de la N° 12 y N° 14 (Resoluciones 277/2025, 278/2025, 281/2025, 282/2025). Estos problemas no son menores; representan un peligro real para la seguridad vial, aumentando la probabilidad de hidroplaneo y la pérdida de control de los vehículos, además de afectar el confort de los usuarios.

La concesionaria intentó defenderse con argumentos ya conocidos, como la supuesta falta de pago del 50% de las obras por parte del Estado o la no aplicación de ajustes tarifarios. Sin embargo, la DNV fue lapidaria en su rechazo: afirmó que la cláusula del 50% se refiere a obras mayores, no al mantenimiento rutinario, y que sí se aprobaron múltiples incrementos tarifarios a lo largo de los años para mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión. Incluso alertó sobre el "doble beneficio" que obtendría la empresa si se anularan las multas, al no abonar la penalidad y haber recibido ya ajustes tarifarios.

¿Quién paga el pato? Los usuarios, siempre

El impacto de estas resoluciones es directo: Caminos del Río Uruguay S.A. deberá afrontar multas que suman cientos de miles de Unidades de Penalización, lo que se traduce en cifras millonarias. Esto genera un fuerte golpe económico para la empresa, pero lo más preocupante es el mensaje que envía a los ciudadanos: pagamos peajes para transitar por rutas que, según el propio ente de control, están en condiciones deficientes y peligrosas. La lentitud de algunos procesos sancionatorios (algunas constataciones datan de 2012) también genera interrogantes sobre la eficacia del control estatal en tiempo y forma.

"Las deficiencias constatadas representan un peligro para la seguridad vial y un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente de estética, seguridad y confort para el usuario."

Es fundamental que estas sanciones sirvan como un llamado de atención para todas las concesionarias y que los fondos recaudados se reinviertan de manera transparente y efectiva en la mejora urgente de nuestras rutas. Los argentinos merecemos viajar seguros.