Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Dos resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generan controversia: una exención de asistencia para un empleado y una licencia sin goce de haberes. ¿Son medidas de gestión transparentes o abren la puerta a privilegios?
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto bajo la lupa dos decisiones administrativas que, aunque específicas, pueden encender el debate sobre la gestión de personal en el ámbito público. Se trata de resoluciones que afectan a empleados de diferentes ministerios y que, a primera vista, plantean interrogantes sobre la equidad y la eficiencia administrativa.
La Resolución N° 150/MEPHUGC/26, emitida por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, ha generado sorpresa al eximir de la obligación de firmar en la Planilla de Registros de Asistencia o de registrarse en el Sistema Informático de Control de Asistencia a Filemón González. Aunque el texto no detalla los motivos, este tipo de excepciones suelen estar ligadas a funciones específicas que requieren flexibilidad horaria o trabajo fuera de sede. Sin embargo, la falta de una explicación clara puede generar suspicacias sobre posibles privilegios o tratos preferenciales dentro de la administración pública. ¿Es una medida necesaria para la operatividad o un antecedente peligroso para la transparencia en el control de asistencia?
Por otro lado, la Resolución N° 70/AGC/26 del Ministerio de Justicia (a través de la Agencia Gubernamental de Control) otorga licencia sin goce de haberes a Yamila Soledad Martínez. Esta es una medida común en la administración pública, que permite a los empleados ausentarse por un período determinado sin percibir sueldo, generalmente por motivos personales o profesionales. Si bien es una opción contemplada en la normativa laboral, su aparición en el Boletín Oficial resalta la constante dinámica de personal en las estructuras estatales. Este tipo de licencias impacta directamente en la planificación de equipos y la asignación de recursos, obligando a los ministerios a reajustar sus plantillas para mantener la eficiencia operativa.
Ambas resoluciones, si bien puntuales, reflejan la complejidad de la gestión de personal en grandes estructuras como el Gobierno de la Ciudad. La transparencia en los motivos detrás de cada decisión es crucial para evitar interpretaciones erróneas y fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública. Para el ciudadano, es importante entender que cada movimiento de personal implica costos y reasignaciones, afectando indirectamente la calidad de los servicios.
