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Golpe en los tribunales federales: la jueza María Cecilia Gilardi Madariaga y la fiscal Gabriela Beatriz Baigún presentan sus renuncias a cargos estratégicos. ¿Qué significa esta doble salida para el mapa judicial y del Ministerio Público en la Capital Federal?
Una sacudida en las altas esferas de la Justicia y el Ministerio Público se confirma con la publicación de dos decretos presidenciales. El Decreto 847/2025 acepta la renuncia de la doctora María Cecilia GILARDI MADARIAGA (D.N.I. N° 10.463.312) a su puesto como Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Capital Federal, efectiva a partir del 1° de diciembre de 2025.
Casi simultáneamente, el Decreto 846/2025 oficializa la renuncia de la doctora Gabriela Beatriz BAIGÚN (D.N.I. N° 14.222.824), quien se desempeñaba como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Fiscalía N° 3. Su partida se hará efectiva un mes después, a partir del 1° de enero de 2026.
Estas dos renuncias, aunque de carácter administrativo, dejan vacantes importantes en juzgados y fiscalías federales clave de la Ciudad de Buenos Aires. La doctora Gilardi Madariaga deja una silla en un fuero vital para controlar la legalidad de los actos del Estado, mientras que la salida de la doctora Baigún impacta en la persecución penal en casos de alta complejidad. La designación de sus reemplazos será un proceso que demandará tiempo y que, sin dudas, generará debates en el ámbito político y judicial.
Para el ciudadano común, estas bajas significan que la maquinaria judicial deberá reorganizarse, lo que podría implicar demoras o cambios en la tramitación de causas importantes. La estabilidad y el funcionamiento de la justicia son pilares fundamentales, y estas salidas marcan un momento de transición en áreas sensibles.
