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El mega decreto presidencial elimina la Agencia Nacional de Materiales Controlados para crear el Registro Nacional de Armas, prometiendo eficiencia y reducción de gastos en seguridad, pero generando dudas sobre el control de armas.
El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un golpe de timón en la política de control de armas, transformando la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), un organismo descentralizado, en el Registro Nacional de Armas (RENAR), que ahora operará como un ente desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta movida, amparada en la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, busca optimizar el funcionamiento del Estado, reducir su 'sobredimensionamiento' y disminuir el gasto público.
La ANMAC, creada en 2015 con autarquía económica y financiera, desaparece como tal. Sus funciones de aplicación, control y fiscalización de la Ley de Armas y Explosivos (N° 20.429) y la prevención de la violencia armada, ahora recaerán en el RENAR. La clave del cambio es su estatus: de un organismo con cierta autonomía a uno directamente dependiente del Ministerio de Seguridad. Esto implica que las tareas de apoyo necesarias para su funcionamiento serán asumidas por el Ministerio, lo que, según el Gobierno, redundará en una reducción del gasto público.
Además, se disuelve el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), y el financiamiento de estas políticas pasará a ser afrontado directamente por los recursos asignados al Ministerio. Se mantendrá al personal, cargos y unidades organizativas de la ex-ANMAC hasta que se adecue la estructura del Ministerio.
Esta decisión se enmarca en un proceso más amplio de reforma del Estado y desregulación, impulsado por la ley de emergencia pública. Un informe de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional reveló que la Administración Pública Nacional contaba, a febrero de 2025, con 111 organismos desconcentrados y descentralizados, con 477 autoridades superiores, una estructura 'excesivamente onerosa'. El personal en organismos descentralizados pasó de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024, un incremento que el Gobierno considera insostenible.
Para el ciudadano común, la implicación más directa está en la gestión de permisos y trámites relacionados con armas. Aunque el decreto asegura que el cambio no 'resiente el cumplimiento de las funciones esenciales', la centralización podría generar un impacto en la agilidad de los procesos o en la percepción de independencia del organismo regulador. La medida busca una mayor coordinación con las políticas de seguridad nacional, pero la disolución de un fondo específico y la absorción de funciones por parte del Ministerio podrían ser interpretadas como una menor autonomía en la implementación de políticas de prevención de la violencia armada. El Congreso Nacional deberá tomar nota de este decreto, que se dicta en ejercicio de facultades delegadas.
