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Un resonante veredicto internacional desnuda fallas graves en el sistema penitenciario y judicial argentino, obligando al Estado a reparar y capacitar tras la arbitraria vulneración de derechos de un preso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado una sentencia demoledora contra Argentina en el Caso Lynn vs. Argentina, declarando al Estado responsable internacionalmente por la violación de múltiples derechos de Guillermo Patricio Lynn. El fallo del 2 de julio de 2025, cuyo resumen oficial se publica hoy, revela un entramado de irregularidades en un procedimiento disciplinario penitenciario que llevó a Lynn a perder el beneficio de salidas transitorias y a ser trasladado arbitrariamente en el año 2000.
Según la Corte, el Estado vulneró derechos fundamentales como la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, al no proveer a Lynn de un debido proceso. Se constató que no se le concedió tiempo ni medios adecuados para preparar su defensa, se le negó la comunicación con su abogada defensora y la motivación de las decisiones fue deficiente. Además, la justicia interna no ejerció un control efectivo, convalidando el accionar arbitrario de las autoridades penitenciarias. En un punto clave, la regresión en el régimen de progresividad se aplicó por una 'falta media', cuando la ley solo lo permitía para 'faltas graves o reiteradas'.
Argentina, en un gesto que la Corte valoró, reconoció su responsabilidad internacional. Como medidas de reparación, se ordena la publicación del resumen de la sentencia en el Boletín Oficial y medios nacionales, la difusión completa en sitios web del Poder Judicial y el Servicio Penitenciario Federal, y lo más impactante: la implementación de un plan de capacitación permanente y obligatorio en derechos humanos para funcionarios penitenciarios y jueces de ejecución penal. También deberá pagar una indemnización por daño inmaterial.
Para el ciudadano común: Este fallo es un recordatorio contundente de que los derechos humanos deben respetarse incluso en prisión. Exige una profunda revisión y mejora de los procesos disciplinarios y el control judicial en el sistema penitenciario, buscando evitar arbitrariedades que afecten la reinserción social de los condenados. Es una victoria para la justicia y un llamado de atención a las instituciones del Estado.
