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Un agente de la Dirección Nacional de Migraciones, José Peralta, logra su reincorporación por orden judicial tras ser cesanteado, exhibiendo la intervención de la Justicia en las decisiones administrativas del Estado.
Un verdadero culebrón judicial sacude los pasillos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). La Resolución 333/2025 revela que el agente José Fabián PERALTA (DNI N° 22.997.964), quien había sido cesanteado por 'abandono de servicio' en 2022, ¡será reincorporado a su puesto! Esto no es una decisión administrativa, sino una imposición de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que declaró la nulidad absoluta de su despido.
La historia es así: Peralta fue despedido en septiembre de 2022. Él apeló, y la Cámara Federal de Mendoza, en diciembre de 2023, le dio la razón, ordenando su 'inmediata reincorporación' aunque le denegó el reclamo de salarios caídos y daños y perjuicios. La DNM intentó resistir, interponiendo un Recurso Extraordinario Federal y luego una Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la justicia es clara: la interposición de una Queja no suspende la ejecución de la sentencia.
Por lo tanto, la DNM se vio obligada a prorrogar la designación transitoria de Peralta, efectiva a partir del 26 de septiembre de 2022 y por Ciento Ochenta (180) días. Esto significa que, más allá de la voluntad política o administrativa, la Justicia tiene la última palabra cuando se trata de derechos laborales en el ámbito público.
¿Qué implicaciones tiene esto? Para el Estado, es un recordatorio de los límites del poder administrativo y la importancia del debido proceso. Cada decisión de personal, por más justificada que parezca, puede ser revisada y revertida por el Poder Judicial. Para los empleados públicos, es una señal de que existen vías legales para defender sus derechos laborales, incluso frente a decisiones de cesantía. Esto resalta la importancia de la Ley N° 25.164, que regula el empleo público nacional.
La sentencia ordenó la 'inmediata reincorporación del actor a su puesto de trabajo desde la fecha del acto administrativo impugnado, rechazando la pretensión de pago de salarios caídos y de indemnización por daños y perjuicios'.
Este caso subraya la tensión entre la autonomía de la administración para gestionar su personal y el control judicial para garantizar la legalidad y los derechos. Es un punto crucial para entender cómo funcionan los contrapesos en nuestra república. Para los ciudadanos, es importante saber que, incluso en los vericuetos de la burocracia, la justicia puede y debe intervenir para hacer valer la ley.
