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Una decisión administrativa histórica pone fin a la obligatoriedad de contratar seguros con Nación Seguros S.A., liberando un millonario mercado para ocho compañías privadas. La Administración Pública Nacional ahora deberá licitar sus pólizas, marcando un hito en la desregulación.
La Jefatura de Gabinete de Ministros ha dado un golpe de timón en la política de contrataciones públicas, aprobando la Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 999-0007-LPU25. Esta medida deroga definitivamente el monopolio que ostentaba NACIÓN SEGUROS S.A. para las pólizas de la Administración Pública Nacional, abriendo la puerta a una competencia feroz entre el sector asegurador.
Desde ahora, las jurisdicciones y entidades del Estado Nacional ya no estarán obligadas a contratar sus seguros (integral de comercio, responsabilidad civil, automotor y técnico) exclusivamente con NACIÓN SEGUROS S.A. Este cambio radical se venía gestando desde el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, que prohibía al Estado disponer de ventajas para sus empresas, y se consolidó con el Decreto N° 747 del 20 de agosto de 2024, que derogó la obligatoriedad impuesta por el Decreto N° 823 del 1° de diciembre de 2021. Los plazos para esta transición fueron extendidos hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha límite para que todas las dependencias estatales rescindan sus viejos contratos y se adhieran al nuevo esquema.
El Gobierno ha adjudicado este Acuerdo Marco a ocho firmas, que competirán por un segmento del negocio asegurador estatal por un término de DOS (2) años, con opción a prórroga por UN (1) año adicional. Las empresas que resultaron ganadoras son:
Dos compañías, GALENO SEGUROS S.A. y EVOLUCIÓN SEGUROS S.A., fueron desestimadas por no cumplir con un requisito específico del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según informó la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
Esta medida es parte de una estrategia de desregulación y búsqueda de eficiencia en el gasto público. La apertura a la competencia busca no solo mayor transparencia, sino también la posibilidad de obtener mejores condiciones y precios para el Estado, lo que podría traducirse en un ahorro significativo para las arcas públicas. Las jurisdicciones y entidades deberán ahora armar sus solicitudes de cotización y enviarlas a las aseguradoras seleccionadas con la antelación suficiente para que los nuevos contratos estén operativos antes del fatídico 31 de diciembre de 2025.
"...las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios..." - Artículo 50 del Decreto N° 70/2023, pilar de esta reforma.
Para el ciudadano común, esto significa una mayor racionalización del gasto estatal y una señal clara de que el Gobierno busca eliminar privilegios en el sector público. Estar atento a las publicaciones del Boletín Oficial y los sitios de la Oficina Nacional de Contrataciones es clave para seguir el impacto de esta medida en el futuro.
