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El Gobierno prorroga hasta fin de 2025 la exención de contribuciones patronales para colegios privados, evitando un "incremento desmesurado" en aranceles y un impacto brutal en la economía familiar y provincial.
En un movimiento clave para el bolsillo de millones de familias argentinas y las finanzas provinciales, el Poder Ejecutivo Nacional ha decretado un alivio económico para el sector educativo privado. Mediante el Decreto N° 68/2025, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la exención de las contribuciones patronales para las instituciones privadas de enseñanza. Esta medida, que entra en vigencia retroactivamente al 1° de enero de 2025, es una bocanada de aire fresco en un contexto de alta inflación y ajuste.
La prórroga es vital porque, de no haberse dictado, la aplicación de la Ley N° 27.541 habría generado un "incremento desmesurado" en las contribuciones patronales a cargo de estos colegios. Esto, según el propio decreto, se traduciría en un aumento significativo de los aranceles que pagan las familias, o bien, en un mayor gasto para las provincias que subsidian parte de los sueldos docentes. El gobierno reconoce que el componente salarial es el principal costo de las escuelas privadas, y sin esta exención, los aumentos serían inevitables, con un impacto negativo particularmente fuerte en las jurisdicciones más alejadas de los grandes centros urbanos y en las instituciones que atienden a poblaciones vulnerables.
"La aplicación de las referidas disposiciones [...] afectaría la prestación del servicio educativo, con principal impacto negativo en las regiones más necesitadas y en las instituciones de bajos recursos que prestan servicio a la población socialmente más vulnerable."
Esta decisión se enmarca en la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética declarada por la Ley N° 27.742, y busca evitar una crisis en la oferta educativa privada, que complementa la educación pública y es elegida por una parte considerable de la población. Para los ciudadanos, esto significa una estabilidad en el costo de la educación privada por al menos un año más, lo que permite una mayor previsibilidad en sus presupuestos familiares. Es una medida que, aunque técnica, tiene un impacto social directo y masivo.
