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El INAI da marcha atrás en resoluciones clave sobre tierras indígenas en Mendoza. La provincia había denunciado falta de participación y unilateralidad, llevando el caso hasta la Corte Suprema. Un golpe a la autonomía federal y un cambio de rumbo en la política indigenista.
El Boletín Oficial de hoy trae una noticia que sacude el tablero de la política indigenista: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio marcha atrás en tres resoluciones clave que habían convalidado relevamientos territoriales de comunidades mapuches en Mendoza. Las resoluciones 9/2025, 10/2025 y 11/2025 dejan sin efecto las anteriores Resoluciones INAI N° 42/2023, N° 47/2023 y N° 36/2023, que habían dado por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades Lof Suyai Levfv, Lof Limay Kurref y Lof El Sosneado, respectivamente.
"La Provincia de Mendoza interpuso un recurso de reconsideración impugnando la Resolución INAI N° 42/2023 en el marco del Expediente EX – 2022-45214418-APN-INAI#MJ..."
¿Qué significa esto? Básicamente, Mendoza había denunciado que el INAI había actuado de forma unilateral, sin darle la participación efectiva que exige el DNU N° 805/21 y los convenios de colaboración previos. La provincia argumentó que se vulneraba gravemente su autonomía y hasta había llevado el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente CSJ 001288/2023-00), buscando la nulidad de esas resoluciones.
Ahora, el INAI resuelve favorablemente el recurso mendocino, reconociendo la necesidad de "garantizar la efectiva intervención a la Provincia de Mendoza" y el "federalismo concertado". Esto frena los avances de los relevamientos territoriales que habían sido objeto de fuerte controversia y que implicaban un reconocimiento de ocupación tradicional de tierras por parte de estas comunidades. La decisión del INAI de rectificar sus pasos es un claro mensaje político de la nueva gestión, que busca reestablecer el diálogo con las provincias y evitar conflictos de competencia. Para las comunidades, implica un retraso en la consolidación de sus derechos territoriales, al menos hasta que se redefinan los procedimientos con la participación provincial. Para el Estado nacional, es un intento de desescalar un conflicto judicial y político que venía en ascenso, priorizando el respeto a las autonomías provinciales.
21 de octubre de 2025
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