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El Gobierno ratifica el rechazo a la promoción de Sara Laufer y Natalia Martínez al Nivel A del SINEP, generando polémica y dejando un mensaje claro sobre la meritocracia en la administración pública. ¿Se acabó la "carrera" para algunos?
En una movida que sacude los pasillos de la administración pública, el Presidente de la Nación, Javier Milei, ha firmado dos decretos contundentes, el 509/2025 y el 510/2025, que rechazan de manera definitiva los recursos jerárquicos interpuestos por dos funcionarias que buscaban ascender al codiciado Nivel A del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Se trata de Sara Laufer (D.N.I. Nº 13.655.918) y Natalia Anabella Martínez (D.N.I. Nº 26.892.446), quienes vieron frustradas sus aspiraciones de promoción.
Ambas funcionarias habían recurrido la decisión del ex-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ratificada luego por el Ministerio de Capital Humano, que les negó la promoción. Alegan que cumplen con los requisitos de especialización avanzada y pertinencia de funciones exigidos por el artículo 14 del Decreto N° 2098/08, que regula el SINEP.
La decisión presidencial, respaldada por informes de la Oficina Nacional de Empleo Público y la Procuración del Tesoro de la Nación, subraya que los ascensos no son automáticos y exigen una "valoración exhaustiva" de méritos y funciones. En el fondo, se está sentando un precedente sobre la interpretación estricta de los requisitos para la alta jerarquía en el Estado.
"Es potestad de la Jurisdicción de origen determinar la viabilidad de otorgar tareas correspondientes a un nivel superior, independientemente de la experiencia y pericia profesional y laboral acumulada que ostente el postulante", señala la Oficina Nacional de Empleo Público.
Para los ciudadanos, esto significa una señal de que el gobierno busca mayor rigurosidad en la carrera administrativa, aunque para los empleados públicos, la vía para ascender podría volverse más cuesta arriba. Con estos rechazos, se agota la vía administrativa, pero se abre la puerta a la acción judicial en un plazo de 180 días hábiles. ¿Veremos un aluvión de juicios por promociones denegadas?
