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Una serie de decretos presidenciales sepulta las aspiraciones de ascenso de ocho empleados públicos, desde abogados hasta contadores, que buscaban mejorar su posición en el escalafón. ¿Se cierra la puerta a la meritocracia o se ajusta el rigor en la administración?
Una ráfaga de decretos presidenciales ha fulminado las esperanzas de ascenso de ocho empleados públicos, marcando un endurecimiento en la gestión de personal del Estado. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y el de Defensa, rechazó contundentemente los recursos jerárquicos de estos trabajadores que buscaban progresar en sus carreras bajo el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) o convenios de las Fuerzas Armadas.
Los casos, aunque individuales, comparten un patrón: la estricta aplicación de 'requisitos excluyentes'. Abogados y contadores, como Patricia Sandra Lozada, Marcela Mariel Lamarque, Analía Mabel Cantero, Daniela Natalia Cavadini, Soledad Moreno, Marcela Andrea Elizabeth Romo, Claudia Noemí Casurro y Alfredo Ariel Iñigo, vieron denegadas sus promociones. Las razones varían desde 'funciones no pertinentes' para el nivel, hasta la 'no pertinencia' del título para el agrupamiento, o la no aplicación de cláusulas de excepción para personal 'encasillado' antes del SINEP. Algunos incluso alegaron trato desigual, lo que la administración refuta con el argumento de evaluaciones 'individuales'.
El Gobierno basa estas decisiones en el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito, y en la exigencia de mayor complejidad, responsabilidad y experiencia post-titulación. La Oficina Nacional de Empleo Público y la Procuración del Tesoro de la Nación respaldan estos criterios, enfatizando que los requisitos deben cumplirse rigurosamente al momento de la postulación.
“...tratándose de cuestiones técnicas, el análisis jurídico debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia de que se trate”, cita la Procuración del Tesoro.
Para los empleados afectados, la única vía que queda es la judicial, con un plazo de 180 días hábiles para iniciar acciones. Esta serie de rechazos envía una señal clara: un ajuste severo en la progresión administrativa, donde la literalidad de la norma parece prevalecer sobre las expectativas y trayectorias individuales. Esto podría generar desmotivación en el personal y tensar la relación con los gremios estatales.
