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El Gobierno unifica el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Una reestructuración que centraliza las políticas de memoria y derechos humanos, con implicancias políticas y simbólicas.
¡Un movimiento que no pasa desapercibido! El Gobierno Nacional, a través del Decreto 496/2025, ha decidido una profunda reestructuración en el ámbito de los Derechos Humanos, fusionando dos instituciones emblemáticas: el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA - Ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Ambas unidades organizativas se incorporan a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), organismo descentralizado del Ministerio de Justicia.
Esta decisión, que sigue a lo establecido en el Decreto N° 344/25, busca centralizar y coordinar las políticas de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos bajo una misma órbita. El CIPDH, creado por Ley N° 26.708, tiene como objetivo principal impulsar la cooperación para el desarrollo de actividades de formación, investigación, asistencia técnica y difusión en estas materias. La incorporación del Archivo y el Museo de Sitio ESMA implica que las funciones de resguardo de la memoria histórica y la concientización sobre los crímenes de lesa humanidad pasarán a ser responsabilidad directa de este Centro.
La medida no es meramente administrativa; tiene fuertes connotaciones políticas y simbólicas. La ESMA, en particular, es un lugar de profunda significación para la historia argentina y la lucha por los derechos humanos. Al integrarla al CIPDH, el Gobierno busca una gestión más eficiente y unificada de estas políticas, aunque también podría generar debates sobre la autonomía y el enfoque de cada institución. La nueva estructura organizativa del CIPDH incluirá ahora la Dirección Nacional del Archivo Nacional de la Memoria y la Dirección Nacional del Museo de Sitio ESMA.
Además, el decreto también aprueba una nueva estructura para la Oficina Anticorrupción, mostrando un enfoque integral en la gestión de justicia y transparencia. Esta movida gubernamental plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas de memoria y derechos humanos en el país, y cómo esta centralización impactará en el acceso y la difusión de la información histórica para la sociedad.
