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Dos gendarmes, uno intimado por no presentar declaración jurada patrimonial y otro dado de baja por hostigamiento laboral, ponen en evidencia los desafíos internos de la fuerza.
La Gendarmería Nacional Argentina vuelve a estar bajo los reflectores por cuestiones internas que sacuden su reputación y ponen en evidencia la lucha por la transparencia y la disciplina. Dos avisos oficiales publicados en el Boletín encienden las alarmas sobre la conducta de sus miembros y las exigencias de la función pública.
Por un lado, el ex-Cabo Walter Andrés VALIENTE (D.N.I. N° 38.928.429) fue intimado públicamente por no presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a su 'BAJA 2024'. La Gendarmería le da un plazo de quince días para cumplir con esta obligación, bajo la amenaza de remitir las actuaciones a la Oficina Anticorrupción y, lo que es aún más grave, de enfrentar una denuncia penal por el artículo 268 (3) del Código Penal y quedar inhabilitado para ejercer nuevamente la función pública. ¡Un claro mensaje de que la Gendarmería no tolerará la opacidad en las finanzas de sus ex-miembros!
Pero la situación más impactante es la del Cabo Jonatán Alexis DE BIASI (M.I. 33.418.326), quien fue clasificado como 'NO APTO PARA PRESTAR LA FUNCIÓN DE GENDARME' y separado del servicio activo de la Fuerza. ¿La razón? Una 'sanción de carácter Grave' por "conductas de hostigamiento laboral respecto de Personal Subalterno". Este caso resalta la creciente preocupación por el ambiente laboral dentro de las fuerzas de seguridad y el compromiso de la institución en erradicar prácticas abusivas. Un golpe duro para la imagen de la Gendarmería, que busca mostrarse implacable ante la corrupción y el maltrato interno.
"Estos avisos no solo son un llamado de atención a los implicados, sino una señal clara de la voluntad de la Gendarmería Nacional por fortalecer la ética y la transparencia en sus filas."
Para el ciudadano, estos casos son un recordatorio de que la rendición de cuentas y el respeto en el ámbito laboral son exigibles a todos, incluso a quienes portan uniforme. La lucha contra la corrupción y el hostigamiento laboral son pilares fundamentales para la confianza pública en las instituciones. La notificación pública de estas situaciones busca no solo cumplir con la ley, sino también enviar una señal interna y externa sobre la intolerancia a estas conductas. Es fundamental que la ciudadanía siga atenta a la resolución de estos casos, que marcan la pauta de la calidad institucional de la fuerza.
