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La Secretaría de Transporte entierra el 'acceso abierto' y extiende la concesión de Nuevo Central Argentino, buscando inversiones privadas para modernizar el tren de carga. ¿Una vuelta al pasado o la única salida para un sistema en crisis?
¡El tren de carga argentino toma un nuevo rumbo, y no es el esperado! La Secretaría de Transporte, con la Resolución 39/2025, revoca la fallida Resolución 211/2021 que impulsaba el 'acceso abierto' y extiende la concesión de Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) hasta el 21 de diciembre de 2032. Este movimiento, enmarcado en la 'emergencia pública en materia ferroviaria' (Decreto 525/2024), busca desesperadamente la inversión privada que el Estado no puede aportar.
El modelo anterior, que pretendía que la estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) coordinara la participación de otros operadores, fracasó estrepitosamente, dejando desierto un concurso clave para el Corredor Rosario-Bahía Blanca. Además, BCyL fue declarada 'sujeta a privatización' por ley, lo que la deja fuera de juego. Ante este panorama, el Gobierno opta por blindar a NCA, basándose en una propuesta que incluye 'elementos novedosos' en inversiones y una 'apertura progresiva a terceros operadores' a futuro.
La medida busca mejorar la infraestructura ferroviaria, especialmente los accesos a puertos estratégicos como los de Rosario, y aumentar la eficiencia del sistema. Pero el giro no está exento de polémica. Mientras algunos ven pragmatismo y la única forma de atraer capital en un sector crítico, otros alertan sobre la consolidación de un poder privado y el abandono de un modelo de mayor competencia. La resolución también invita a otras concesionarias, como Ferroexpreso Pampeano S.A. y Ferrosur Roca S.A., a presentar propuestas similares. ¿Será este el camino para la modernización ferroviaria o una privatización encubierta que podría dejar a la Argentina sin control sobre sus vías?
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