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El Ministerio de Seguridad redobla la apuesta en la búsqueda de un peligroso prófugo con una recompensa récord de $10 millones y ajusta la ayuda para damnificados por inundaciones en Bahía Blanca, buscando mayor agilidad y transparencia.
El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la batuta de Patricia Bullrich, ha puesto en marcha dos medidas cruciales que evidencian un doble frente de acción: por un lado, la persecución implacable del delito y, por otro, la respuesta estatal ante catástrofes. Ambas resoluciones, la 750/2025 y la 760/2025, publicadas en el Boletín Oficial, muestran un Estado que busca ser más efectivo y presente.
En un movimiento audaz que busca romper el silencio, el Ministerio de Seguridad ha decidido incrementar la recompensa a la estratosférica suma de $10.000.000 por información que conduzca a la detención de Jorge Luis MARTÍNEZ CABALLERO. Este ciudadano paraguayo, nacido en 1986, está prófugo con orden de captura nacional e internacional desde el 10 de septiembre de 2008 por el homicidio agravado del efectivo policial Walter José Molfesse.
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos de La Matanza solicitó este incremento, ya que la recompensa anterior de $4.000.000 no había arrojado resultados útiles. Es un claro mensaje de que el Estado no cesará en su búsqueda y está dispuesto a pagar un precio altísimo por justicia. Quienes tengan información pueden comunicarse anónimamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. La identidad del aportante será preservada celosamente.
Simultáneamente, la Resolución 760/2025 introduce adecuaciones fundamentales a las normas complementarias del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), destinado a los residentes de viviendas afectadas por las devastadoras inundaciones del 7 de marzo de 2025 en Bahía Blanca. Esta medida busca optimizar la llegada de la ayuda estatal y subsanar falencias detectadas en la implementación inicial.
Los cambios clave incluyen:
Estos ajustes reflejan la urgencia y gravedad de la situación en Bahía Blanca y la necesidad de un Estado ágil y transparente para canalizar la ayuda. Es un paso adelante para asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan, eliminando barreras burocráticas y errores materiales.
