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La Policía de Seguridad Aeroportuaria redefine sus protocolos de uso de armas de fuego y, en una medida que genera debate, pasa de la asignación temporal a la permanente de armamento para su personal. ¿Más seguridad o más riesgo?
La POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) ha dado un paso trascendental en la redefinición de sus protocolos de seguridad, con implicaciones directas en el accionar de sus oficiales y en la percepción de la seguridad pública. A través de la Disposición 777/2025, la PSA no solo actualiza su "Protocolo General de Actuación para la utilización de sistemas de armas de fuego – PGA Nº 6", sino que introduce un cambio radical: la asignación permanente de armamento para su personal policial.
Hasta ahora, la asignación de armas de fuego era de carácter temporal. Con esta nueva disposición, se establece una modalidad regular de asignación permanente, implementada de manera progresiva, comenzando por los oficiales de mayor jerarquía (Comisionado General) y descendiendo gradualmente. Este cambio busca, según la PSA, alinear su accionar con los criterios y lineamientos del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, garantizando un entorno más eficiente, dinámico y seguro.
La medida, que deroga una disposición anterior (PSA N° 1.481/20), también aprueba un nuevo "Procedimiento para la gestión de la información relativa a la aptitud para la habilitación en el uso de sistemas de armas de fuego". Esto significa una estandarización y actualización de las reglas, junto con un fuerte énfasis en la capacitación y reentrenamiento obligatorio para todo el personal sobre el nuevo protocolo.
"...redefinir la modalidad de asignación regular del sistema de armas de fuego reglamentario de temporal a permanente."
Este giro es un arma de doble filo. Por un lado, podría interpretarse como una mejora en la capacidad de respuesta y disuasión de la fuerza, aumentando la seguridad aeroportuaria. Por otro, la asignación permanente de armas a miles de efectivos plantea interrogantes sobre el control, la responsabilidad individual y el impacto en la percepción de la ciudadanía. La implementación será clave para determinar si esta medida refuerza la seguridad o abre un nuevo frente de debate en torno al uso de la fuerza policial en Argentina.
