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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) modificó su normativa de recaudación, permitiendo excepcionalmente a organismos estatales que sean agentes de retención tributaria percibir ingresos brutos por inmuebles, para luego girar el neto libre de impuestos.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ha introducido un cambio significativo en la gestión de los ingresos provenientes de los inmuebles estatales, con la publicación de la Resolución 2/2025. Esta normativa modifica el Artículo 1° de la Resolución N° 83/2017, que establecía que el 100% de los ingresos por enajenación, locación o cesión de uso de bienes estatales debía depositarse en una cuenta recaudadora de la AABE.
La novedad impactante es la introducción de una excepción: "Excepcionalmente y en aquellos casos que los organismos involucrados deban tributar o sean agentes de retención tributaria, podrá autorizarse la percepción del bruto de los ingresos con la obligación de ingresar a la cuenta recaudadora de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO el producido de los inmuebles libre de impuestos para su posterior distribución".
Este ajuste responde a una problemática contable que enfrentaban los organismos que, además de generar ingresos por el uso de propiedades estatales, actuaban como agentes de retención tributaria. Anteriormente, el ingreso total a la AABE incluía la carga impositiva, generando inconsistencias. Ahora, la medida simplifica la operatoria para estos entes, permitiéndoles manejar directamente la parte impositiva antes de transferir el remanente a la AABE para su distribución (el famoso 70% para la jurisdicción custodia y 30% para el Tesoro Nacional).
Para el Estado, esto busca una mayor eficiencia y claridad en la contabilidad pública, evitando desajustes y facilitando la gestión fiscal de los organismos involucrados. Para las empresas o individuos que interactúan con estos organismos en operaciones con inmuebles estatales, el cambio podría implicar una mayor transparencia en el manejo de los montos, aunque el impacto directo en sus transacciones sería mínimo. Este ajuste técnico es crucial para optimizar la administración de los bienes del Estado y mejorar la articulación entre las distintas dependencias.
