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El Gobierno crea un organismo especializado para confiscar y administrar activos ilícitos, prometiendo "celeridad y transparencia" en el recupero. ¿Será el fin de la impunidad económica para los delincuentes?
¡Una jugada maestra del Ministerio de Justicia promete revolucionar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Argentina! A través del Decreto 582/2025, se acaba de crear la "Oficina de Bienes Recuperados", un organismo desconcentrado con competencia exclusiva para gestionar y disponer de los bienes provenientes de actividades ilícitas, tanto los cautelados como los ya recuperados en procesos penales y de extinción de dominio.
Esta nueva estructura, que reemplaza y potencia al antiguo Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados (creado en 2011 y ahora derogado), busca subsanar las falencias de un sistema que, si bien registraba más de 3.200 bienes decomisados entre 2012 y 2023, carecía de una gestión activa y una estructura operativa eficaz. La medida se alinea con recomendaciones de la OCDE, que enfatiza la necesidad de que los Estados tengan facultades para embargar, incautar y confiscar activos.
La Oficina estará a cargo de un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario y tendrá la misión de transformar estos activos ilícitos en "recursos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas". Esto significa que propiedades, vehículos o dinero incautado a la criminalidad podrían ser utilizados para financiar programas sociales, de seguridad o de justicia, reforzando así la política criminal del Estado y golpeando donde más duele a las organizaciones delictivas: su bolsillo.
"La referida Oficina constituirá una herramienta clave para el fortalecimiento de la política criminal del ESTADO NACIONAL relativa al recupero patrimonial derivado del delito y como mecanismo de prevención, disuasión e impacto económico sobre las organizaciones criminales, al privarlas de los beneficios obtenidos por vías ilícitas."
Para el ciudadano común, esto implica una mayor eficiencia en la recuperación de lo que fue robado o malhabido, y una señal clara de que el Estado busca desmantelar las estructuras económicas del delito. La transparencia en la rendición de cuentas de estos bienes será crucial para generar confianza. La medida entrará en vigencia a los 45 días hábiles de su publicación, dando tiempo para su implementación. Estaremos atentos a los primeros movimientos de esta oficina que promete ser un verdadero dolor de cabeza para los narcos y corruptos.
