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La Corte Suprema lanza un nuevo reglamento que transforma la gestión de bienes secuestrados y decomisados en causas penales, buscando mayor transparencia, eficiencia y utilidad social para combatir el crimen organizado.
En un movimiento audaz que busca dar un golpe de timón a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha aprobado un nuevo y ambicioso “Reglamento de efectos secuestrados que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados en causas penales”. Esta Acordada 22/2025 no es un simple ajuste, sino una verdadera revolución en la forma en que el Estado argentino gestionará los bienes obtenidos del delito.
El cambio más resonante es la obligatoriedad e inexcusabilidad de inscribir, en un plazo de treinta (30) días corridos, toda la información completa de los bienes secuestrados o decomisados en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal” (BBSD). Y aquí viene la bomba: la información de esta base deberá estar disponible al público en general en un micrositio de la web de la Corte Suprema, garantizando la transparencia, aunque preservando la identidad de los titulares y terceros. ¡Adiós a los secretos detrás de los bienes de la corrupción!
Pero hay más: el reglamento permite la asignación provisoria de bienes muebles (como vehículos, tecnología, etc.) para uso del propio Poder Judicial, las fuerzas de seguridad o entidades de interés público, optimizando recursos que antes se deterioraban en depósitos. Además, se abre una puerta social crucial: los bienes que por sus características no ameriten subasta (útiles, alimentos no perecederos, herramientas, ropa) podrán ser entregados a autoridades o entidades de bien público para destinarlos a programas de asistencia a víctimas, educativos, de salud o de contención social. Incluso, los inmuebles decomisados podrán ser utilizados por la administración de justicia.
La Acordada también crea una Unidad de Coordinación para asegurar la implementación efectiva y declara la nulidad de cualquier procedimiento de disposición de bienes que no se ajuste a estas nuevas pautas. Con esta medida, la CSJN no solo busca eficiencia y control, sino también enviar un mensaje claro: los bienes del delito deben servir a la sociedad y no pudrirse en un depósito. Este es un paso gigante hacia la recuperación de activos y la rendición de cuentas, un tema que importa y mucho a todos los ciudadanos.
