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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dio un mazazo al sector, cancelando matrículas de una mutual en Salta y una veintena de cooperativas de diversas provincias. Desde vivienda y trabajo hasta servicios y agropecuarias, el organismo muestra los dientes. ¿Qué hay detrás de esta purga que afecta a la base de la economía solidaria?
El Boletín Oficial de hoy trae un verdadero sismo para el sector de la economía social. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con sede en Av. Belgrano 1656, CABA, ha decidido cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades y Cooperativas de una impactante lista de entidades. Esta medida, que se concretó a través de diversas resoluciones, representa un duro golpe para miles de asociados y trabajadores.
Por la RESFC-2025-1854-APN-DI#INAES, se canceló la matrícula N.º 109 de la provincia de Salta, correspondiente a la ASOCIACIÓN MUTUAL “SOLIDARIDAD” DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL (incluyendo entes autárquicos, autónomos, desconcentrados y organismos centralizados y descentralizados), con domicilio en Santa Rita N.º 1732, Salta Capital. Esta mutual brindaba servicios vitales a empleados públicos, y su baja genera un vacío importante en la asistencia a sus miembros.
Pero la arremetida del INAES no se detiene ahí. Una segunda resolución notifica la cancelación de matrículas de 20 cooperativas distribuidas en las provincias de Buenos Aires, San Juan, La Rioja y La Pampa, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La lista es larga y variada, abarcando desde vivienda y crédito hasta trabajo, servicios y producción:
Estas cancelaciones se basan en el incumplimiento de las normativas vigentes, aunque no se detallan las razones específicas para cada caso en los avisos oficiales. Los afectados tienen a su disposición una serie de recursos administrativos, como Revisión (30 días hábiles), Reconsideración (20 días), Aclaratoria (5 días) y Alzada (30 días), además de la opción de iniciar acciones judiciales. Esta ola de bajas genera una profunda preocupación en el sector, que ve cómo el Estado endurece los controles y deja en jaque la continuidad de proyectos comunitarios. Para los ciudadanos comunes, es crucial entender que estas medidas pueden afectar servicios esenciales y fuentes de trabajo en sus comunidades. Manténganse atentos a futuras actualizaciones del INAES.
