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El Presidente Milei rechazó el reclamo de MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. que buscaba eximir a sus productos "libres de gluten" del etiquetado frontal, confirmando la plena aplicación de la Ley N° 27.642 en defensa del derecho a la información del consumidor.
En una decisión que sacude a la industria alimenticia, el Presidente Javier Milei ha dictado un decreto contundente que rechaza el reclamo administrativo de MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. contra la aplicación del Etiquetado Frontal en sus productos libres de gluten. La medida ratifica la plena vigencia de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, y envía un mensaje claro a las grandes empresas: no hay excepciones cuando se trata de la salud del consumidor.
Molinos Río de la Plata, una de las gigantes del sector, argumentaba que el etiquetado frontal en sus productos "sin TACC" (libres de gluten) podría confundir al consumidor y afectar la salud de las personas celíacas. La empresa incluso destacó una inversión de USD 11.000.000 en la adecuación de sus líneas de producción. Sin embargo, el Gobierno, basándose en un informe técnico del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) de la ANMAT, fue lapidario:
"No existen justificaciones técnicas para que los alimentos libres de gluten señalados por la firma Molinos queden exceptuados de consignar el etiquetado frontal y vulnerar los derechos de las personas celíacas de no contar con el acceso a la información que corresponda."
La Ley 27.642 busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, brindando información nutricional simple y comprensible para promover decisiones asertivas y advertir sobre excesos. El objetivo no es que la población deje de consumir un producto, sino que sea consciente de lo que consume. Este decreto, al agotar la vía administrativa, obliga a Molinos a ir a la vía judicial si desea continuar su batalla, pero subraya la firmeza del Estado en proteger la salud pública y el derecho a la información de los ciudadanos. Es un triunfo para los consumidores y un revés para quienes buscaban atenuar el impacto de la ley. Los ciudadanos deberán seguir de cerca las novedades para asegurar el cumplimiento.
