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Con un decreto que extiende la vigencia hasta 2027, el Poder Ejecutivo mantiene el recargo del 3% y los topes máximos para la importación, una medida que genera controversia en el sector privado y que es vista como un costo extra para el comercio exterior.
El Gobierno acaba de asestar un nuevo golpe al comercio exterior, o al menos así lo verán muchos importadores. Mediante el Decreto 1140/2024, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la polémica Tasa de Estadística del TRES POR CIENTO (3%) sobre las importaciones definitivas para consumo. Además, se mantienen los montos máximos a percibir, que pueden llegar hasta los USD 150.000 para operaciones de más de un millón de dólares.
Esta tasa, establecida en el artículo 762 del Código Aduanero (Ley N° 22.415), se justifica oficialmente como el costo de un "servicio estadístico" que el Estado Nacional brinda para registrar, computar y fiscalizar las operaciones de comercio exterior. Sin embargo, para muchos en el sector privado, es percibida como un mero impuesto encubierto que encarece los productos importados y resta competitividad.
La extensión de la tasa significa que los importadores deberán seguir pagando este recargo, lo que se traduce en mayores costos para las empresas que dependen de insumos o productos del exterior. Si bien el decreto menciona que es "imprescindible mantener el servicio estadístico", su continuidad genera un costo que, en última instancia, suele trasladarse a los precios finales de los bienes, afectando a los consumidores.
Se mantienen las excepciones existentes, como las destinaciones bajo Acuerdos Preferenciales o las mercaderías originarias del MERCOSUR, así como ciertos bienes de capital para la producción de hidrocarburos no convencionales y líneas de producción usadas. Esto busca atenuar el impacto en sectores específicos considerados estratégicos o que ya cuentan con beneficios comerciales.
La Tasa de Estadística del 3% ya había sido prorrogada sucesivamente desde la Ley N° 27.541 hasta el 31 de diciembre de 2024. La decisión de extenderla nuevamente se da en un "actual contexto económico mundial" y ante la necesidad de agilizar y simplificar el comercio exterior, aunque la tasa en sí misma no parece contribuir a la simplificación, sino a la recaudación.
La medida también busca cumplir con las obligaciones asumidas ante la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (O.M.C.) para que el porcentaje ad valorem se limite al "costo aproximado del servicio estadístico prestado", de ahí la existencia de los montos máximos. Sin embargo, la discusión sobre si el 3% realmente refleja el costo del servicio es una constante en los debates económicos.
En un momento donde el gobierno busca la desregulación y la apertura, mantener una tasa de estas características genera cierta contradicción, aunque el argumento de la recaudación fiscal y el servicio estadístico sea la bandera oficial. Los importadores deberán seguir haciendo sus números con este costo adicional por tres años más.
