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El gobierno bonaerense ajusta los valores de las tasas administrativas para el sector de la seguridad privada, con incrementos que, en algunos casos, triplican los montos anteriores. Un baldazo de agua fría que impactará directamente en los costos operativos de las prestadoras.
El sector de la seguridad privada en la Provincia de Buenos Aires recibió un golpe bajo con la última resolución del Ministerio de Seguridad. A partir del 1° de febrero de 2026, se actualizan drásticamente los valores de diversas tasas administrativas, afectando desde el alta de un simple vigilador hasta la habilitación de una prestadora o un centro de capacitación.
La medida, que se basa en el haber mensual de un Oficial de Policía ($1.007.257,17 a marzo de 2025), dispara los costos con cifras que no pasarán desapercibidas:
Estos incrementos, que en algunos ítems pueden representar una suba superior al 300% respecto a valores anteriores, generarán un impacto directo en la estructura de costos de las empresas de seguridad. El argumento oficial es la "adecuación conforme a los porcentajes establecidos en la normativa vigente", pero para las empresas significa un desafío adicional en un contexto económico ya complejo. Los empresarios del rubro seguramente pondrán el grito en el cielo, y no sería de extrañar que estos costos terminen trasladándose, de alguna manera, a los clientes finales.
