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La Secretaría de Transporte reveló los nuevos cálculos de costos y las compensaciones tarifarias para colectivos del AMBA hasta octubre, con salarios y combustible al rojo vivo. CABA se baja del acuerdo. ¿Quién paga la cuenta final?
La Secretaría de Transporte, bajo el ojo atento del Ministerio de Economía, acaba de soltar una bomba que impacta directamente en el complejo entramado del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Resolución 36/2025, publicada hoy, aprueba los cálculos de costos e ingresos medios y los montos de las compensaciones tarifarias para los servicios de colectivos urbanos y suburbanos hasta octubre de 2025.
Este ajuste llega en un momento de ebullición, con la economía recalculando precios constantemente. La resolución considera las últimas paritarias de la Unión Tranviarios Automotor (U.T.A.) que incrementaron los salarios de mayo y junio, el alza del gasoil, y la actualización de insumos, servicios y el parque móvil. Además, se revisa el valor de la póliza de seguros y se actualiza el mínimo no imponible para el cálculo del impuesto a las ganancias de los trabajadores, que ahora detrae $7.003,68 por empleado desde julio.
El documento detalla cómo se cubrirán estos montos millonarios: una parte con recursos propios de la Provincia de Buenos Aires y otra con fondos del Estado Nacional, provenientes del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), impuestos a los combustibles y el fideicomiso creado para tal fin.
Una de las novedades más resonantes es la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no prorrogar los convenios de compensaciones tarifarias. Esto significa que, a partir de julio, la Ciudad calculará y gestionará sus propias compensaciones. ¿Es el inicio de una descentralización real o una nueva fuente de conflicto por la financiación del transporte? Las redeterminaciones de mayo y junio para CABA se liquidarán aparte, cerrando una etapa de coordinación con la Nación.
Para el ciudadano común, esta resolución es vital. Si bien busca mantener la sostenibilidad del sistema de transporte a través de subsidios, la constante actualización de costos siempre deja la pregunta abierta: ¿hasta cuándo el Estado puede absorber estas diferencias sin que se traduzcan en un aumento de tarifas o en un mayor gasto fiscal que impacte en otros servicios? Estar atento a la evolución de estos costos es clave para entender el futuro del boleto.
