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El Gobierno crea un organismo especializado para administrar y disponer de los bienes incautados al delito, prometiendo mayor eficiencia y un impacto directo en la lucha contra la criminalidad económica. Una ofensiva contra las finanzas narco y corruptas.
¡Se acabó la joda para los delincuentes! El Gobierno Nacional, a través del Decreto 582/2025, le da vida a la OFICINA DE BIENES RECUPERADOS, un organismo desconcentrado que operará bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Esta no es una oficina más; es la nueva herramienta estrella para despojar a las organizaciones criminales de sus ganancias ilícitas y, lo que es mejor, transformar esos bienes en recursos estratégicos para políticas públicas.
Hasta ahora, existía un registro de bienes secuestrados, pero carecía de la capacidad de gestión activa. ¡Eso se terminó! Con esta Oficina, se busca pasar de una burocracia pasiva a una administración proactiva y especializada de los activos provenientes de delitos federales y de extinción de dominio. La medida se alinea con las recomendaciones de la OCDE y la experiencia exitosa de países como EE. UU., Francia o España, donde organismos similares han fortalecido la articulación entre justicia y recuperación patrimonial.
La Oficina estará a cargo de un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario, que deberá ser un profesional idóneo en Derecho, Ciencias Económicas o afines. Este es un golpe directo a la línea de flotación del crimen organizado, privándolos de lo que más les duele: el dinero. Además, se deroga el antiguo Decreto N° 826/11, que creó el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados, marcando una clara ruptura con el pasado. ¡Es el Estado yendo a la carga contra el patrimonio narco y corrupto!
