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El Ente Nacional de Comunicaciones redobla la ofensiva contra emisoras clandestinas en Mendoza, Catamarca y Tierra del Fuego, declarándolas ilegales y ordenando el cese inmediato. ¡Algunos dueños, inhabilitados por 5 años!
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ha desatado una implacable cacería contra varias estaciones de radio de Frecuencia Modulada (FM) que operaban de forma clandestina en distintas provincias del país. A través de una serie de edictos publicados en el Boletín Oficial, el organismo declaró ilegales a "FM RIO" (93.9 MHz en General Alvear, Mendoza), "FM OLIMPICA" (99.1 MHz en Las Heras, Mendoza), "FM ECO" (92.3 MHz en San Fernando del Valle de Catamarca y El Alto, Catamarca), "FM RITUAL" (106.3 MHz en Ushuaia, Tierra del Fuego) y "JTA - JESUS TE AMA" (87.9 MHz en Las Heras, Mendoza).
La medida es drástica: ENACOM íntima al cese inmediato y definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de todas las instalaciones. Advierten que, en caso de incumplimiento, se procederá a la incautación y desmantelamiento forzoso mediante orden judicial. Esto significa que si las radios no apagan sus equipos, el Estado irá directamente a sacarlos.
Pero la cosa no termina ahí. En un movimiento que eleva la apuesta, el organismo inhabilitó por CINCO (5) años a Oscar Alberto ROMERO (CUIT Nº 20-26055632-1) y a Oscar Moises CRUZ (CUIT Nº 20-25712107-1), vinculados a "FM OLIMPICA" y "FM ECO" respectivamente. Esta inhabilitación les impide ser titulares, socios o integrar órganos de conducción de cualquier servicio de comunicación audiovisual regido por la Ley Nº 26.522.
"Esta ofensiva busca ordenar el espectro radioeléctrico y garantizar la legalidad en un sector clave para la información y el entretenimiento."
El contexto es claro: el gobierno busca poner fin a la proliferación de radios sin licencia que, además de no cumplir con las normativas, pueden generar interferencias y competir deslealmente con las emisoras habilitadas. Para el ciudadano común, esto implica una depuración del dial, aunque también puede significar la pérdida de algunas voces locales. El mensaje del interventor Juan Martín Ozores es contundente: la ilegalidad no será tolerada.