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La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga su normativa anterior y establece un nuevo y más estricto régimen para el reporte y congelamiento de activos vinculados al financiamiento del terrorismo, en línea con las recomendaciones internacionales del GAFI.
En un movimiento estratégico para reforzar la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) ha emitido la Resolución 207/2025, que deroga y reemplaza a la anterior Resolución UIF N° 29/2013. Esta medida busca alinear a Argentina con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente la Recomendación 6, que exige a los países implementar regímenes de sanciones financieras para congelar fondos y activos relacionados con el terrorismo.
La nueva normativa impone obligaciones aún más estrictas a los Sujetos Obligados (bancos, aseguradoras, etc.) enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246. Ahora, deberán reportar sin demora alguna las operaciones sospechosas de financiación del terrorismo (RFT) dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de detectadas. Pero la gran novedad es la facultad de los Sujetos Obligados de proceder al congelamiento administrativo de bienes u otros activos sin demora e inaudita parte (es decir, sin aviso previo al involucrado) cuando:
Esta medida, que entra en vigencia con su publicación, significa que ante la mínima sospecha o vinculación con las listas de terrorismo, los activos se bloquearán de inmediato. La UIF también podrá ordenar congelamientos, y los Sujetos Obligados deberán informar los resultados en 24 horas y abstenerse de notificar a sus clientes sobre la medida. El congelamiento podrá durar SEIS (6) meses, prorrogable por única vez, si no está vinculado a designaciones de la ONU.
Para el ciudadano común, esto implica un mayor control sobre las transacciones financieras, aunque su impacto directo es para aquellos con vínculos con actividades sospechosas. Para las empresas del sector financiero, aumenta significativamente la carga de cumplimiento y el riesgo operativo, ya que deberán actuar con extrema celeridad y diligencia. La excepción son las empresas aseguradoras que abonen sumas a terceros de buena fe por seguros obligatorios. La Argentina busca así blindar su sistema financiero y evitar ser un eslabón débil en la cadena global contra el terrorismo.
