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Cuatro decretos presidenciales confirman el rechazo a recursos jerárquicos de empleados civiles de la Armada Argentina, quienes cuestionaban su reencasillamiento escalafonario. ¡La lucha por el puesto y el salario en la administración pública se judicializa tras agotar la vía administrativa!
Una ráfaga de decretos presidenciales ha aterrizado en el Boletín Oficial, confirmando la dura postura del Gobierno frente a los reclamos de reencasillamiento de personal civil de la Armada Argentina. Los Decretos N° 61/2026, 62/2026, 63/2026 y 64/2026 rechazan los recursos jerárquicos interpuestos por René Oscar RACK (D.N.I. N° 14.827.834), Jorge Alberto ZAMPA (D.N.I. N° 13.704.401), Noemí Alejandra GUERRERO (D.N.I. N° 22.295.556) y Eduardo Osvaldo GUARDIA (D.N.I. N° 14.827.875).
Estos empleados civiles de la Armada habían impugnado el reencasillamiento de sus Agrupamientos, Niveles Escalafonarios y Grados, dispuesto en 2017 por una resolución del Ministerio de Defensa, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas. Alegaban que su experiencia, antigüedad y títulos no fueron correctamente valorados.
Sin embargo, la Presidencia, tras la intervención de la Oficina Nacional de Empleo Público y los servicios jurídicos de la Armada y el Ministerio de Defensa, determinó que los reencasillamientos se realizaron conforme a la normativa vigente (Decreto N° 2539/2015 y sus modificatorios), considerando criterios como la categoría de revista al 31 de octubre de 2016 y la experiencia laboral acreditada.
Para los afectados, la noticia es un golpe: se agota la vía administrativa. Esto significa que, si desean continuar con su reclamo, deberán recurrir a la vía judicial, para lo cual tienen un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles judiciales desde la notificación. Una muestra de la rigidez administrativa del Estado, donde cada puesto y categoría se defiende con uñas y dientes en los despachos presidenciales.