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El máximo tribunal del país fijó su presupuesto para el próximo año en $378 mil millones y advirtió que los fondos asignados por el Ejecutivo son 'insuficientes', reavivando el conflicto por la autarquía judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha lanzado un misil al corazón de la política económica del Gobierno. Mediante la Acordada 26/2025, el máximo tribunal fijó su presupuesto de gastos para el ejercicio 2026 en la friolera de $ 378.087.606.265, y lo hizo con una clara advertencia: los "techos presupuestarios" comunicados por la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía son "insuficientes para el nivel de necesidades mínimas" de la Corte.
Esta decisión no es solo un trámite administrativo; es una declaración de principios y un grito de alerta sobre la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. La Corte, cabeza de uno de los tres poderes del Estado, subraya la necesidad de garantizar su autarquía financiera, prevista en la Ley 23.853. El presupuesto detallado contempla gastos en personal (más de $309 mil millones para 4.732 cargos), bienes de consumo, servicios no personales e inversiones cruciales en equipamiento, sistemas y, notablemente, la preservación del histórico Palacio de Justicia.
El hecho de que la Corte deba fijar su propio presupuesto antes que el Consejo de la Magistratura apruebe el suyo, y que lo haga resaltando la insuficiencia de los fondos asignados, expone una tensión latente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Para el ciudadano, esto podría significar una potencial afectación en el funcionamiento de la justicia, desde la modernización hasta la capacidad de respuesta ante delitos complejos. La Corte insiste en que estos montos son "impostergables que aseguren el accionar de la justicia". La disputa por los recursos es, en el fondo, una lucha por la independencia de poderes. La Corte busca asegurar que la justicia no se vea asfixiada por recortes que, según su visión, comprometerían su misión indelegable.
