¡Guerra de Poderes! Milei Veta TRES Leyes Clave: Jubilados, Moratorias y Discapacidad en el Ojo de la Tormenta
El Presidente de la Nación, Javier Milei, asestó un golpe demoledor al Congreso, vetando por completo tres proyectos de ley que prometían alivio a jubilados, pensionados y personas con discapacidad. El Ejecutivo denuncia "gastos exorbitantes" y "nulidades" en el trámite parlamentario, desatando una **crisis institucional sin precedentes**.
Índices de Impacto
Organizaciones
- PODER EJECUTIVO NACIONAL
- H. CONGRESO DE LA NACIÓN
- H. SENADO DE LA NACIÓN
- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC)
- AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDIS)
- MINISTERIO DE ECONOMÍA
Fechas Clave
En un movimiento político de alto impacto, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 534/2025, ha vetado íntegramente tres proyectos de ley que habían sido sancionados por el Congreso. Esta decisión, que paraliza medidas sociales largamente esperadas, profundiza la tensión entre los poderes y reaviva el debate sobre el rol del Estado y el equilibrio fiscal.
Las Leyes Frenadas: Un Golpe a los Sectores Vulnerables
El veto presidencial afecta a los Proyectos de Ley Nros. 27.791, 27.792 y 27.793, que proponían:
- Jubilaciones (PL 27.791): Un incremento excepcional y de emergencia del 7,2% para jubilaciones y pensiones, más una ayuda económica previsional de hasta $110.000. También preveía transferencias actualizadas a las provincias con cajas no transferidas a la Nación. El Ejecutivo estimó un costo de más de $4,4 billones para 2025 y $8,9 billones para 2026.
- Moratoria Previsional y PUAM (PL 27.792): La reinstauración de la moratoria previsional por dos años, permitiendo el acceso a jubilaciones sin los aportes completos. Además, reducía la edad para mujeres en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de 65 a 60 años y eliminaba las evaluaciones patrimoniales. El costo proyectado era de $156 mil millones para 2025 y $1,1 billones para 2026.
- Emergencia en Discapacidad (PL 27.793): La declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad (equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio), compatibilidad con el trabajo formal, y la actualización mensual de aranceles para los prestadores de servicios de discapacidad. Se calculaba un gasto de $2,1 billones para 2025 y $4,7 billones para 2026.
La Justificación del Veto: Fiscalidad y Nulidades
El Gobierno fundamenta su decisión en dos pilares: la insostenibilidad fiscal y las supuestas "graves nulidades" en el trámite parlamentario. Argumenta que los proyectos no cumplen con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar las fuentes de financiamiento para nuevos gastos. El costo total de las tres leyes se proyectaba en más de $7 billones para 2025 y cerca de $17 billones para 2026, lo que representaría un aumento del 0,90% y 1,68% del PBI respectivamente, y un 6% del gasto primario anual.
Además, el Ejecutivo denuncia que la sesión del Senado del 10 de julio de 2025, donde se sancionaron las leyes, estuvo viciada de nulidades, incluyendo falta de citación formal y votaciones que no respetaron las mayorías calificadas. Esto, según el Presidente, constituye un "atentado directo contra nuestra Constitución Nacional" y una manipulación de las reglas por parte de una "mayoría circunstancial".
Un Futuro Incierto para Millones
Este veto deja en una situación de gran incertidumbre a millones de jubilados que esperaban un alivio, a miles de personas sin aportes que buscaban regularizar su situación previsional, y a la comunidad de personas con discapacidad y sus prestadores, quienes reclamaban por la crítica situación del sector. El Gobierno, por su parte, reitera su compromiso con el "equilibrio fiscal innegociable" y la "emisión monetaria CERO" como pilares de su gestión económica.
La confrontación de poderes es total. El Congreso podría intentar insistir con las leyes, pero necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, un desafío político formidable. Mientras tanto, los sectores más afectados deberán esperar nuevas políticas o buscar otras vías para sus reclamos.
