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Cuatro empresas de artículos de limpieza y afines vieron cómo el Estado bonaerense revisó sus contratos. Algunos precios suben, otros se quedan en el tintero. ¿Quién se lleva la mejor parte en este ajuste millonario?
En un movimiento que genera expectativa y polémica en el sector proveedor del Estado, el Organismo Provincial de Contrataciones (OPC) puso bajo la lupa los precios de los artículos de limpieza y afines. La Resolución N° 31-OPCGP-2026 y el consecuente Decreto N° 126/23-B (que es su resolución práctica) abordan la revisión de precios del "Proceso de Compra N° 614-0563-LPU25", un Convenio Marco clave para el abastecimiento estatal. Las empresas ABC SOLUCIONES S.R.L., CUDUGNELLO LUCAS SEBASTIAN, EPC S.A. y FEPROL S.R.L. presentaron solicitudes de ajuste, alegando variaciones en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) para diversos renglones. El OPC, tras un exhaustivo análisis, aprobó algunas de estas revisiones, reconociendo los nuevos precios unitarios para ciertos ítems. Esto significa que el Estado pagará más por esos productos, reconociendo la inflación. Sin embargo, en un giro que no pasó desapercibido, rechazó otras solicitudes de las mismas firmas, argumentando que no superaban el umbral del 5% de variación requerido por la normativa. Esta decisión tiene un impacto directo en la rentabilidad de las empresas proveedoras, que deben recalcular sus márgenes y, en muchos casos, enviar nuevas garantías de cumplimiento de contrato actualizadas. Para el Estado, es un ejercicio de control del gasto público en un contexto inflacionario, buscando un equilibrio entre mantener a los proveedores y proteger las arcas provinciales. La medida subraya la rigidez de las reglas de juego en las contrataciones públicas y la necesidad de una gestión detallada para cada ítem. ¿Logrará el OPC mantener a raya la escalada de precios o estas revisiones son solo la punta del iceberg?