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El Organismo Provincial de Contrataciones mete mano en las compras estatales: cambia las reglas para fijar precios de medicamentos y aprueba/rechaza ajustes en contratos de limpieza. ¡Millones en juego y polémica servida!
La provincia de Buenos Aires se puso firme con sus proveedores. Una serie de movimientos en el Boletín Oficial, encabezados por el Organismo Provincial de Contrataciones (OPC), revelan una estrategia de ajuste y control sobre los precios de las compras del Estado. La RESOLUCIÓN N° 30-OPCGP-2026 reafirma el rol del OPC como autoridad de aplicación para establecer metodologías de razonabilidad de precios en las contrataciones públicas, una facultad clave para la eficiencia del gasto.
Pero la verdadera bomba viene con la revisión de la metodología para insumos farmacéuticos. El análisis de la RESOLUCIÓN N° 17/2022, citada en los documentos, evidencia que los precios de referencia para los Medicamentos Bonaerenses estaban significativamente más altos que los precios reales de adjudicación. ¡Una diferencia del 71,5% respecto al precio de venta al público en algunos casos! Para corregir esta distorsión, se propone un cambio drástico: el coeficiente de cálculo del Valor de Referencia (VR) pasa de 1,5 a 2,1, lo que implica un descuento del 52,4% sobre el PVP. Esto busca una mayor transparencia y ahorro en la compra de medicamentos, impactando directamente en la industria farmacéutica y, potencialmente, en la salud pública al asegurar precios más justos.
En paralelo, la RESOLUCIÓN N° 31-OPCGP-2026 (que integra la operativa del Decreto N° 126/23 B mencionado en el texto) aplicó estas mismas políticas de ajuste a contratos de artículos de limpieza y afines. Las empresas ABC SOLUCIONES S.R.L., CUDUGNELLO LUCAS SEBASTIAN, EPC S.A. y FEPROL S.R.L. vieron cómo algunas de sus solicitudes de revisión de precios eran aprobadas, mientras que otras eran rechazadas por no superar el umbral del 5% de variación requerido por la normativa. Las firmas ahora deben presentar nuevas garantías actualizadas, en un claro mensaje de que el Estado bonaerense está poniendo la lupa en cada centavo. Esta medida genera un impacto directo en la rentabilidad de los proveedores y obliga a una mayor competitividad en el mercado de compras públicas.
