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Se interpone un recurso de apelación contra una resolución clave sobre la atribución fiscal de actividades petroleras y gasíferas. ¿Qué provincias se enfrentan y quién pagará la factura?
¡Atención, contribuyentes y provincias! La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ha encendido las alarmas en el ámbito fiscal con un aviso que presagia una batalla legal. Se ha interpuesto un recurso de apelación ante la Comisión Plenaria contra la Resolución General CA N° 17/2025. ¿El motivo? Nada menos que el controvertido "Régimen de atribución correspondiente a las actividades de extracción de petróleo y gas".
Esta resolución, publicada apenas el 25 de septiembre de 2025, es la columna vertebral que define cómo se distribuyen los ingresos fiscales entre las distintas jurisdicciones provinciales involucradas en la producción de hidrocarburos. La apelación, presentada el 28 de octubre de 2025, sugiere que hay un profundo desacuerdo sobre la forma en que se están asignando estas bases imponibles. Esto podría desatar una verdadera "guerra" entre las provincias productoras y las consumidoras, o entre distintas jurisdicciones con intereses divergentes.
Las implicaciones son enormes: esta disputa genera incertidumbre jurídica y fiscal para las empresas del sector energético, que necesitan reglas claras para planificar sus inversiones. Además, podría reconfigurar el mapa de ingresos de varias provincias, afectando directamente sus presupuestos y la provisión de servicios públicos. Un fallo a favor de la apelación podría significar un cambio drástico en la recaudación, beneficiando a algunos en detrimento de otros. Es una situación que merece la máxima atención, ya que el destino de miles de millones de pesos y la estabilidad de una industria vital están en juego.