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El Ministerio de Seguridad oficializa su 'Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027', buscando blindar al país ante el imparable avance del crimen organizado digital y los ataques a infraestructuras críticas.
En un movimiento estratégico para contener la creciente ola de ataques cibernéticos y el uso de la tecnología por parte del crimen organizado, el Ministerio de Seguridad acaba de aprobar el "PLAN FEDERAL DE PREVENCIÓN DE CIBERDELITOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIBERSEGURIDAD (2025 - 2027)" mediante la Resolución 72/2025. Este ambicioso plan es una respuesta directa al "vertiginoso avance de las tecnologías digitales" que ha dado lugar a nuevas formas de criminalidad, desde delitos ciberasistidos hasta ciberdependientes.
La medida, que no implica erogación presupuestaria adicional por el momento, busca fortalecer las capacidades de prevención, detección, análisis e investigación de incidentes cibernéticos en todo el territorio nacional. El crimen organizado ha encontrado en Internet un "medio valioso para perpetrar delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas", haciendo imperativa una estrategia integral y coordinada.
El plan instruye a la DIRECCIÓN DE CIBERDELITO Y ASUNTOS CIBERNÉTICOS a coordinar la implementación transversal, involucrando a todas las áreas del Ministerio y a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal). Además, se invita a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir, buscando un "enfoque integral, colaborativo y federal".
La ciberseguridad es presentada como un "componente fundamental para la protección de los sistemas digitales y la infraestructura crítica del país", vital para la economía y la confianza ciudadana. Este plan es una declaración de guerra contra los hackers y ciberdelincuentes, con el objetivo de resguardar no solo los datos de los ciudadanos, sino la estabilidad de toda la infraestructura digital de Argentina. Se espera que impulse el desarrollo de capacidades técnicas y la cooperación público-privada en la materia.
