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El Ministerio de Economía refuerza el control sobre los créditos a cobrar del Estado, aprobando nuevos comprobantes para agilizar la recuperación de fondos adeudados por provincias y organismos. ¿Se viene la gran pulseada por la caja?
La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía acaba de dar un paso crucial para endurecer la gestión de cobro de deudas que tienen provincias y distintos organismos con el Estado Nacional. Con la Resolución 1/2025, se aprueban dos nuevos y llamativos comprobantes de gestión: la "Solicitud de Cobranza de RECAC Provincias (SOC-RCP)" y la "Solicitud de Cobranza de RECAC Organismos (SOC-RCO)".
Esta medida, lejos de ser un mero trámite burocrático, busca optimizar y transparentar el recupero de los créditos a cobrar que se originan en operaciones de crédito público y que, hasta ahora, se encontraban en un estado de "mora" dentro del Registro de Créditos a Cobrar (RECAC). La Oficina Nacional de Crédito Público será la encargada de requerir a la Tesorería General de la Nación que active estos nuevos mecanismos para recuperar los fondos.
La resolución amplía la funcionalidad del ya existente "Marco Conceptual del Circuito de Cobranzas del Tesoro Nacional (COTENA) dentro del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF)". En criollo, el Gobierno busca mayor eficiencia y calidad en la gestión de estos recursos no tributarios. Esto implica que las provincias y los organismos que tienen deudas con el Estado sentirán una presión mucho más directa y formal para saldar sus compromisos.
En un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de equilibrio en las cuentas públicas, esta herramienta se vuelve fundamental. La capacidad del Estado para recuperar estos fondos puede tener un impacto significativo en la disponibilidad de recursos para otras áreas o, simplemente, para reducir el déficit. La Tesorería General de la Nación y la Contaduría General de la Nación quedan facultadas para realizar modificaciones y dictar normas complementarias, lo que sugiere que este es solo el inicio de un proceso de mayor control y rigor en la gestión financiera del Estado. Para las jurisdicciones y entidades deudoras, es una señal clara de que el tiempo de las deudas sin seguimiento estricto podría estar llegando a su fin.
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