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El INAI refuerza su compromiso con los pueblos originarios: un convenio de cooperación con Catamarca para desarrollo integral y la creación de un vital mecanismo nacional de reclamos para proteger sus derechos colectivos e individuales.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha dado pasos firmes para consolidar la protección y el desarrollo de los pueblos originarios en Argentina, con dos resoluciones que prometen un impacto significativo. Primero, la Resolución 122/2025-APN-INAI#JGM formaliza un Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el INAI y el Gobierno de la Provincia de Catamarca. Este acuerdo busca establecer un marco de colaboración e intercambio recíproco para profundizar la implementación de programas y acciones en el marco de la interculturalidad.
El convenio materializa el cumplimiento del Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional, que garantiza el respeto a la identidad indígena y su participación en la gestión de recursos naturales y otros intereses que los afecten. La Ley Nacional N° 23.302, sobre Política Indígena, respalda la implementación de planes en educación, salud, vivienda y derechos previsionales. Este tipo de acuerdos son vitales para descentralizar la acción del Estado y adaptarla a las realidades locales, fortaleciendo el federalismo concertado en la protección de las comunidades. Para el ciudadano catamarqueño, esto significa una mayor articulación de políticas que impactarán directamente en el bienestar y desarrollo de las comunidades indígenas de su provincia.
Por otro lado, la Resolución 123/2025-APN-INAI#JGM crea el Mecanismo de Reclamos para Pueblos y Comunidades Indígenas, que funcionará en la órbita de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas. Este es un hito fundamental, ya que provee un canal específico para que las comunidades puedan presentar quejas y reclamos relacionados con sus derechos comunitarios, económicos, sociales y culturales. Aunque ya existen organismos como la Defensoría del Pueblo, este mecanismo dentro del INAI ofrece una vía especializada y complementaria, reconociendo las particularidades y urgencias de los pueblos indígenas, tal como lo sugieren informes de Naciones Unidas y la OIT.
Estas medidas refuerzan el compromiso del Estado argentino con los derechos humanos de los pueblos originarios, buscando garantizar su voz y su participación activa en las decisiones que los afectan. Es una señal clara de que la agenda indígena se posiciona como un eje central de la política pública, con el objetivo de cerrar brechas históricas y asegurar un desarrollo integral y respetuoso de su identidad.
